ALBERTO FERNÁNDEZ FUE DENUNCIADO POR TRAICIÓN A LA PATRIA: QUÉ DIJO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS Y POR QUÉ LA JUSTICIA DEBERÁ DETERMINAR SI REVELÓ INFORMACIÓN SECRETA

El expresidente Alberto Fernández quedó nuevamente en el centro de una fuerte controversia judicial después de que fuera presentada en Comodoro Py una denuncia por presunta traición a la Patria y violación de secretos vinculados con la Defensa Nacional. La presentación surgió después de sus recientes declaraciones sobre Malvinas, la situación de las Fuerzas Armadas y las capacidades de los aviones F-16 adquiridos por Argentina.

La existencia de la denuncia es real.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental que debe establecerse desde el comienzo: Alberto Fernández fue denunciado, pero eso no significa que haya sido declarado culpable, procesado ni que la Justicia haya determinado siquiera que existió un delito.

Precisamente eso es lo que deberá investigarse.

LAS DECLARACIONES QUE ORIGINARON LA POLÉMICA

Fernández cuestionó duramente la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei sobre Malvinas y calificó los anuncios del Gobierno como un “show”.

Pero una de sus declaraciones provocó especial repercusión.

Al referirse a las preocupaciones británicas y a las capacidades militares argentinas, sostuvo que Inglaterra no debía preocuparse porque “la Argentina está absolutamente desarmada”.

La frase ya resultaba políticamente explosiva por sí misma.

Pero el expresidente fue más allá y comenzó a hablar sobre los F-16 incorporados por Argentina.

Fernández cuestionó la compra de las 24 aeronaves, calificó la operación como un “desfalco” y sostuvo que los aviones habrían llegado sin determinada tecnología utilizada por la OTAN.

Esas afirmaciones son ahora parte del problema que deberá analizar la Justicia.

POR QUÉ LOS F-16 SON UN PUNTO PARTICULARMENTE SENSIBLE

Argentina adquirió 24 F-16 provenientes de Dinamarca para recuperar una capacidad de combate supersónico que había perdido después de la salida de servicio de los Mirage.

Pero alrededor del programa existe información que no es pública.

Distintos aspectos de la adquisición fueron declarados secreto militar.

La reserva comprende documentación contractual y datos técnicos sensibles relacionados con el sistema de armas, mientras otras decisiones posteriores ampliaron la protección sobre infraestructura, componentes, motores, repuestos, armamento y capacidades complementarias.

Esto significa que existe información sobre los F-16 que cualquier ciudadano puede conocer y otra que el Estado decidió proteger por razones de Defensa Nacional.

Y esa diferencia será central para determinar si las declaraciones del expresidente tienen solamente consecuencias políticas o pueden tener también relevancia penal.

SER EXPRESIDENTE CAMBIA EL ANÁLISIS

Alberto Fernández no es simplemente un ciudadano opinando sobre capacidades militares.

Fue presidente de la Nación entre 2019 y 2023.

Y de acuerdo con la Constitución Nacional, durante ese período fue comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas.

Por esa función tuvo acceso potencial a información sobre Defensa Nacional que no se encuentra disponible para el público.

Planes.

Capacidades.

Limitaciones.

Evaluaciones estratégicas.

Informes militares.

Sistemas de armas.

Necesidades operativas.

Información de inteligencia vinculada con la defensa.

Por eso la pregunta que deberá responder la investigación no es solamente qué dijo Alberto Fernández.

También deberá determinarse de dónde obtuvo la información que utilizó para realizar esas afirmaciones.

¿ERA INFORMACIÓN PÚBLICA O INFORMACIÓN SECRETA?

Esta probablemente sea la frontera jurídica más importante de toda la causa.

Decir que las Fuerzas Armadas argentinas atravesaron durante décadas problemas presupuestarios y pérdida de capacidades no constituye necesariamente revelar un secreto.

Existe enorme cantidad de información pública sobre esa situación.

También se conoce públicamente que Argentina compró 24 F-16.

Se conoce su procedencia.

Se conocen características generales del modelo.

Incluso existen determinados datos económicos del programa que fueron informados oficialmente.

Por lo tanto, repetir información pública no transforma automáticamente una declaración en revelación de secretos.

La situación sería completamente diferente si un expresidente hubiera revelado una capacidad, vulnerabilidad, limitación, configuración, sistema, cantidad de armamento o información operativa que permaneciera oficialmente clasificada.

Allí sí aparecería una discusión penal mucho más seria.

Y eso es precisamente lo que deberá determinar la Justicia.

DECIR QUE ARGENTINA ESTÁ “ABSOLUTAMENTE DESARMADA”

Existe además otra dimensión del problema.

Un expresidente argentino afirmó públicamente, mientras existe una renovada tensión diplomática alrededor de Malvinas, que el país se encuentra “absolutamente desarmado”.

Desde el punto de vista político y estratégico, la frase puede ser cuestionada duramente.

Los Estados normalmente no tienen interés en publicitar sus vulnerabilidades militares.

La disuasión funciona precisamente intentando que un eventual adversario desconozca parte de las capacidades disponibles.

Pero una declaración inconveniente o imprudente no constituye automáticamente un delito.

Para que exista responsabilidad penal deben cumplirse los requisitos establecidos por la legislación.

Y ahí aparece una diferencia enorme entre el debate político y el expediente judicial.

¿TRAICIÓN A LA PATRIA?

La expresión produce inmediatamente un enorme impacto.

Pero jurídicamente la traición a la Nación es una figura excepcionalmente grave y restrictiva.

La Constitución Nacional establece parámetros muy específicos para caracterizarla, vinculados con tomar las armas contra la Nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.

Por eso no alcanza simplemente con sostener que una declaración perjudicó políticamente al país para considerar automáticamente configurado semejante delito.

La Justicia deberá determinar cuál es el encuadre jurídico correcto de los hechos denunciados.

Y posiblemente la cuestión relacionada con una eventual revelación de información protegida resulte jurídicamente diferente de la acusación política de “traición”.

DENUNCIAR NO ES CONDENAR

Este punto merece repetirse porque suele desaparecer rápidamente de las redes sociales.

Cualquier presentación judicial debe atravesar distintas etapas.

La denuncia deberá ser asignada al juzgado correspondiente.

Posteriormente un fiscal deberá analizar los hechos.

Podrán solicitarse documentos y otras medidas de prueba.

Puede determinarse que existen elementos suficientes para continuar.

Pero también puede concluirse que las declaraciones no constituyen delito.

Por eso actualmente sería incorrecto afirmar que Alberto Fernández “cometió traición a la Patria”.

Lo correcto es decir que fue denunciado bajo esa acusación.

LA JUSTICIA PODRÍA TENER QUE MIRAR DOCUMENTOS SECRETOS

Existe aquí una situación particularmente interesante.

Para establecer si Fernández reveló información clasificada, primero habrá que conocer qué información estaba efectivamente clasificada.

Eso podría obligar a comparar sus declaraciones con documentación oficial vinculada con el programa F-16 y otras capacidades de Defensa.

La pregunta será relativamente sencilla de formular, aunque mucho más difícil de responder:

¿Alberto Fernández dijo algo que cualquier persona podía conocer consultando información pública o reveló información que conocía por haber sido presidente de la Nación?

Si todo lo mencionado ya era público, la hipótesis de revelación de secretos perdería una parte importante de su fundamento.

Si aparecen coincidencias con información clasificada a la que Fernández tuvo acceso durante su Presidencia, el escenario sería completamente diferente.

LA POLÉMICA SOBRE LOS F-16 TAMBIÉN PUEDE DISCUTIRSE

Que determinada información sea secreta tampoco significa que la compra de los F-16 no pueda ser cuestionada políticamente.

Fernández tiene derecho a considerar que fue una mala operación.

Puede pedir que organismos de control investiguen la adquisición.

Puede cuestionar el precio.

Puede discutir la política de Defensa de Milei.

Puede incluso sostener que Argentina debería haber comprado otro sistema de armas.

Eso forma parte del debate democrático.

La frontera aparece cuando para sostener una crítica eventualmente se utiliza información que legalmente debía permanecer protegida.

Y eso todavía no está demostrado.

MALVINAS LE AGREGA UNA DIMENSIÓN PARTICULAR

La controversia tampoco ocurre en cualquier momento.

Argentina acaba de endurecer su posición frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente alrededor de las Islas Malvinas.

El Gobierno anunció mayores sanciones, medidas contra empresas vinculadas con esos proyectos, fortalecimiento de capacidades en el Atlántico Sur y nuevas iniciativas relacionadas con la Defensa Nacional.

El Reino Unido mantiene una presencia militar permanente en las islas.

En semejante contexto, escuchar a un expresidente argentino decir públicamente que el país está “absolutamente desarmado” inevitablemente genera una discusión que excede la pelea entre Alberto Fernández y Javier Milei.

Porque las políticas de Defensa deberían sobrevivir a los gobiernos.

Un expresidente conoce información que seguirá siendo sensible después de abandonar el poder.

Del mismo modo, un presidente actual heredará secretos y estrategias desarrollados por administraciones anteriores.

La alternancia democrática cambia a los gobernantes.

No necesariamente elimina la obligación de preservar determinada información del Estado.

UNA PREGUNTA QUE VA MÁS ALLÁ DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Este caso puede terminar generando una discusión institucional mucho más importante.

¿Cuánto puede contar públicamente un expresidente sobre las capacidades militares que conoció mientras ejercía el poder?

No parece razonable sostener que debe guardar silencio absoluto durante el resto de su vida.

Pero tampoco resultaría lógico que abandonar la Casa Rosada habilitara automáticamente a revelar planes, vulnerabilidades o capacidades militares clasificadas conocidas durante el ejercicio del cargo.

Entre esos dos extremos existe una frontera.

Y esa frontera probablemente sea una de las cuestiones que deberá estudiar la Justicia.

LA DENUNCIA RECIÉN COMIENZA

Por ahora existe una presentación judicial.

No una condena.

No un procesamiento.

Ni siquiera una determinación judicial de que efectivamente haya existido revelación de información secreta.

Pero el caso plantea preguntas suficientemente importantes como para que sea investigado con seriedad.

Alberto Fernández fue presidente de Argentina.

Fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Tuvo acceso a información sensible.

Ahora realizó públicamente afirmaciones sobre las capacidades militares argentinas y sobre características del principal sistema de combate recientemente incorporado por el país.

La Justicia tendrá que determinar qué parte de aquello que dijo era información pública, qué parte era simplemente su opinión y si existió algún dato protegido por secreto militar.

Porque criticar a un gobierno no es traición a la Patria.

Cuestionar una compra militar tampoco.

Pero revelar deliberadamente información militar protegida sería una cuestión completamente diferente.

Y será esa diferencia, mucho más que las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, la que deberá establecer el expediente judicial.