Amenazas a escuelas: la Justicia hará pagar a los padres los costos de los operativos policiales

La Justicia de Mar del Plata dispuso que los padres de alumnos que realicen amenazas contra establecimientos educativos deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales que esos hechos generen.

La medida, impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, ya comenzó a aplicarse en todo el Departamento Judicial y busca frenar una problemática que viene en aumento en la región.

En las últimas semanas se registraron al menos diez casos de amenazas a escuelas, situaciones que obligan a activar protocolos de seguridad, evacuaciones y despliegues policiales que implican un importante gasto de recursos públicos.

Desde el ámbito judicial sostienen que la decisión apunta a generar responsabilidad en el entorno familiar de los menores involucrados, entendiendo que muchas de estas amenazas son realizadas por adolescentes, pero tienen consecuencias reales sobre toda la comunidad educativa.

Uno de los casos recientes involucra a un joven de 17 años que fue imputado por el delito de intimidación pública, figura penal que contempla este tipo de conductas cuando generan alarma social.

Además, las investigaciones analizan si estos episodios están relacionados con desafíos virales o conductas replicadas en redes sociales, lo que podría explicar el aumento de este tipo de hechos en distintos puntos del país.

La medida abre un debate: por un lado, busca desalentar las amenazas mediante sanciones económicas; por otro, plantea interrogantes sobre el rol de las familias, la responsabilidad de los menores y la necesidad de abordar el problema también desde lo educativo y preventivo.