BATÁN AL LÍMITE: 781 DETENIDOS EN UN ESPACIO CON CUPO AMPLIADO PARA 400 Y CIENTOS DUERMEN EN EL PISO

La situación del Complejo Penitenciario de Batán vuelve a encender las alarmas. Superpoblación, falta de camas y colchones, problemas de calefacción, déficit sanitario y escasez de personal conforman un escenario que lleva años generando presentaciones judiciales y que, lejos de solucionarse, continúa mostrando números preocupantes.

Los datos actuales fueron expuestos por la defensora general departamental Cecilia Boeri y muestran que el problema más grave se encuentra en la Unidad 44, la alcaidía penitenciaria por la que pasa buena parte de las personas recientemente detenidas en el Departamento Judicial Mar del Plata.

La Unidad 44 cuenta con un cupo ampliado de aproximadamente 400 personas, una cifra que la propia defensora aclaró que tampoco representa su capacidad real original. Sin embargo, actualmente habría alrededor de 781 detenidos alojados allí.

La diferencia se refleja directamente en las condiciones de alojamiento: 371 personas no contarían con cama y deberían dormir en el piso. Entre ellas, unas 50 ni siquiera dispondrían de un colchón.

El problema tampoco se limita a la Unidad 44. En la Unidad Penal Nº15 habría otras 115 personas durmiendo en el piso como consecuencia de la cantidad de detenidos alojados.

La situación llega a extremos en los que, según explicó Boeri, pueden encontrarse hasta 11 personas dentro de una celda diseñada para cuatro. Cuando las puertas se cierran durante la noche, la ventilación queda reducida y las condiciones se vuelven especialmente complejas tanto durante las bajas temperaturas del invierno como durante el calor del verano.

A la superpoblación se suman los problemas de infraestructura. Tres calderas se encontrarían fuera de funcionamiento, afectando el sistema central de calefacción. En algunos sectores, los propios internos terminan utilizando durante el día las cocinas de los pabellones como una alternativa para conseguir algo de calor.

La atención sanitaria representa otro punto crítico. Existe un déficit de profesionales médicos y parte de la infraestructura sanitaria que anteriormente funcionaba dentro del complejo se perdió después de un incendio que destruyó un módulo equipado para realizar diferentes prestaciones, entre ellas estudios y atención odontológica.

Pero el hacinamiento no representa solamente un problema para las personas detenidas. También aumenta considerablemente la presión sobre quienes trabajan dentro de las unidades.

La cantidad de agentes penitenciarios no habría aumentado en proporción al crecimiento de la población carcelaria. Según la situación descripta, puede llegar a existir un solo agente penitenciario encargado de controlar dos pabellones.

Ese desequilibrio representa además un problema de seguridad.

Un incendio, una pelea generalizada, una emergencia médica o cualquier situación que requiera una evacuación puede convertirse rápidamente en un escenario extremadamente complejo cuando existen muchas más personas que las previstas originalmente y menos trabajadores disponibles para responder.

Paradójicamente, pocos días antes de conocerse estos datos se realizó en la Alcaidía de Batán un simulacro integral de evacuación ante incendios. Los protocolos existen, pero la gran pregunta es cómo responderían frente a una emergencia real con semejante nivel de ocupación.

La situación de la Unidad 50, destinada a mujeres, aparece como la menos crítica de las tres dependencias del complejo. También registra superpoblación, aunque las internas cuentan con colchones y el nivel de ocupación se mantiene dentro de parámetros comparativamente más manejables.

El problema de Batán, además, está lejos de ser nuevo.

Las condiciones de alojamiento y la superpoblación han provocado durante años presentaciones de hábeas corpus y diferentes intervenciones judiciales. Incluso existen antecedentes en los que la Justicia estableció límites de alojamiento precisamente por considerar comprometidos derechos fundamentales ante el hacinamiento.

La Defensa Pública continúa realizando presentaciones judiciales, recursos y gestiones ante el Poder Ejecutivo buscando respuestas. Sin embargo, los números actuales muestran que el problema estructural permanece.

Y aquí aparece una discusión que suele quedar atrapada entre dos posiciones equivocadamente presentadas como incompatibles.

Una persona que comete un delito debe responder ante la Justicia y, cuando corresponde legalmente, permanecer privada de su libertad. Pero una condena o una prisión preventiva tampoco significan una autorización para mantener personas hacinadas, sin cama, sin colchón o sin atención sanitaria adecuada.

Además existe una cuestión que afecta directamente a toda la sociedad.

Una cárcel no debería funcionar solamente como un depósito de personas hasta que llegue el día de abrir nuevamente la puerta.

Dentro del complejo existen talleres y actividades destinadas a enseñar oficios como carpintería o soldadura, además de propuestas educativas. Pero cuanto mayor es la cantidad de detenidos, menor es proporcionalmente la posibilidad de acceder a esas herramientas y aparecen listas de espera.

Esto importa incluso para quien observa el problema exclusivamente desde la seguridad pública: salvo quienes cumplen penas que impliquen permanecer encarcelados de por vida, buena parte de las personas privadas de su libertad algún día regresará a la calle.

La sociedad debería preguntarse entonces en qué condiciones quiere que regresen.

El desafío tampoco puede resolverse simplemente liberando detenidos para disminuir la cantidad de personas alojadas. La solución requiere infraestructura suficiente, personal penitenciario, atención sanitaria, educación, capacitación laboral y un sistema judicial capaz de diferenciar correctamente las distintas situaciones procesales.

La Unidad 44, por ejemplo, aloja principalmente procesados e incluso personas que todavía no cuentan con prisión preventiva firme, mientras que la Unidad 15 concentra fundamentalmente población condenada. No todas las situaciones jurídicas son iguales y el sistema debe poder administrarlas correctamente.

Mantener a los detenidos de Mar del Plata cerca de su lugar de origen también presenta ventajas. Facilita las audiencias judiciales y permite conservar el vínculo familiar, que muchas veces representa además una fuente de ropa, medicamentos y otros elementos necesarios durante la detención.

El problema es que esa política necesita necesariamente estar acompañada por capacidad penitenciaria suficiente.

Hoy el número más contundente está en la Unidad 44: alrededor de 781 personas dentro de una dependencia cuyo cupo ampliado se ubica en aproximadamente 400.

No hace falta entrar en una discusión ideológica para comprender el problema.

Una cárcel superpoblada es peligrosa para los detenidos, para los agentes penitenciarios y, finalmente, para la sociedad. Porque si el sistema solamente encierra personas en condiciones cada vez más precarias sin ofrecer posibilidades reales de educación, tratamiento y reinserción, tarde o temprano buena parte de ese problema vuelve a atravesar los mismos muros.

Batán necesita respuestas. No solamente nuevos hábeas corpus, informes o discusiones sobre cupos.

Necesita una política penitenciaria capaz de garantizar dos cosas que no deberían enfrentarse entre sí: que quien deba estar preso efectivamente cumpla su detención y que lo haga dentro de condiciones compatibles con la ley, la seguridad y una futura reinserción social.