CHILE ABRE UNA RUTA COMERCIAL CON MALVINAS Y GENERA UN NUEVO INTERROGANTE PARA ARGENTINA

Una decisión impulsada desde Punta Arenas acaba de introducir una pieza inesperada en el tablero del Atlántico Sur. Mientras Argentina endurece su estrategia frente a las actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización nacional, desde Chile avanzaron con una conexión marítima comercial directa entre Punta Arenas y el archipiélago.

La iniciativa prevé que una naviera chilena comience a realizar viajes comerciales hacia las islas a partir de noviembre. El proyecto es impulsado por autoridades y sectores empresariales de Punta Arenas junto con representantes económicos de las Malvinas.

La ruta tendría una ventaja logística considerable. Actualmente, la principal conexión marítima comercial de las islas con Sudamérica se realiza mediante Montevideo, lo que supone una navegación cercana a los 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, esa distancia se reduciría aproximadamente a la mitad.

El primer viaje está previsto para noviembre y estaría a cargo de la naviera Easter Island. Previamente, durante el 28 y 29 de septiembre, una delegación empresarial proveniente de las islas tiene previsto viajar a Punta Arenas para mantener reuniones con proveedores chilenos.

Entre los productos que podrían comercializarse aparecen alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales para la construcción, gas licuado y repuestos.

Hasta allí podría parecer simplemente un nuevo negocio regional.

El problema aparece cuando se observa el contexto político.

El anuncio se conoció prácticamente al mismo tiempo que Argentina decidió endurecer su posición frente a las actividades económicas desarrolladas unilateralmente en Malvinas y apenas horas después de que los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast ratificaran públicamente la estrecha relación entre ambos países.

Existe incluso una contradicción política que resulta imposible ignorar.

Chile acaba de reiterar oficialmente su respaldo a los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además, el Gobierno chileno volvió a sostener que Argentina y el Reino Unido deben reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

Pero simultáneamente aparece una iniciativa comercial que podría fortalecer la logística y el abastecimiento de las islas bajo administración británica.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, uno de los principales impulsores del proyecto, sostiene que no se trata de una cuestión política sino de un acuerdo comercial “entre comunidades”.

También aseguró que tanto la Cancillería chilena como representantes del Gobierno nacional habían sido informados previamente sobre la iniciativa.

Y ahí aparece el verdadero interrogante para Argentina.

¿Puede Chile respaldar diplomáticamente el reclamo argentino sobre Malvinas mientras simultáneamente facilita una conexión comercial directa con las islas?

Desde el punto de vista chileno, la respuesta parece ser afirmativa: Santiago diferencia su posición diplomática sobre la soberanía de las relaciones comerciales desarrolladas desde Punta Arenas.

Desde la perspectiva argentina, la cuestión puede resultar bastante más complicada.

Argentina mantiene vigente el Decreto 256/2010, que establece la necesidad de autorización previa para determinados buques que pretendan transitar entre puertos ubicados en territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como para determinados tránsitos a través de aguas jurisdiccionales argentinas.

Existe además el compromiso regional adoptado en 2011 para impedir el ingreso a determinados puertos sudamericanos de embarcaciones que utilicen la bandera ilegítima de las islas.

Los impulsores chilenos consideran que pueden evitar ese obstáculo utilizando un barco con otra bandera.

La cuestión jurídica, sin embargo, probablemente sea más compleja que una bandera colocada en la popa de una embarcación y dependerá de la ruta utilizada, el pabellón, las aguas atravesadas y las normas internacionales aplicables.

La nueva conexión tiene además una dimensión económica importante.

Radonich estima que el poder de compra de las islas ronda los 20 millones de dólares anuales. Para Punta Arenas significa un mercado cercano que podría beneficiar a proveedores, empresas logísticas y al puerto de la ciudad.

Y precisamente allí aparecen intereses que no necesariamente coinciden con las posiciones diplomáticas.

Chile puede respaldar el reclamo argentino en Naciones Unidas mientras comerciantes de Punta Arenas observan a las islas como un mercado ubicado a relativamente poca distancia.

El problema para Buenos Aires es que una conexión marítima estable desde Chile reduciría la dependencia logística de las islas respecto de Montevideo y facilitaría considerablemente su abastecimiento desde Sudamérica.

Esto adquiere todavía mayor relevancia cuando Argentina acaba de anunciar una estrategia destinada precisamente a aumentar los costos de las actividades económicas desarrolladas unilateralmente en el archipiélago.

También existe otro elemento que no debería confundirse con Malvinas: el Estrecho de Magallanes.

Argentina y Chile vienen atravesando diferentes controversias por declaraciones relacionadas con ese paso marítimo. Milei y Kast ratificaron oficialmente que el régimen jurídico vigente reconoce la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes conforme a los tratados existentes.

Al mismo tiempo, Kast volvió a respaldar expresamente los derechos argentinos sobre Malvinas.

Es decir, ambos gobiernos intentaron cerrar públicamente las diferencias territoriales y mostrar una relación estratégica sólida.

La nueva ruta comercial pone ahora a prueba hasta dónde llega esa coordinación.

No necesariamente estamos frente a una ruptura diplomática entre Argentina y Chile. Tampoco puede afirmarse que Santiago haya abandonado su respaldo al reclamo argentino.

Pero sí aparece una contradicción que Buenos Aires deberá analizar cuidadosamente.

Porque mientras Chile dice diplomáticamente que reconoce los derechos argentinos sobre Malvinas, desde Punta Arenas se prepara un barco para comerciar directamente con las islas.

Y después de los anuncios realizados por Milei sobre sanciones económicas, empresas y explotación de recursos naturales, probablemente Argentina tenga que definir una pregunta que hasta ahora podía mantenerse en segundo plano:

¿hasta dónde puede llegar el apoyo diplomático de un país vecino si, al mismo tiempo, sus empresas contribuyen a fortalecer económicamente la logística de las islas bajo administración británica?

La respuesta argentina será importante.

Malvinas acaba de regresar con fuerza al centro de la política exterior y, en el Atlántico Sur, cada puerto, cada barco, cada inversión y cada nueva ruta comercial también forman parte del tablero.