EL CASO SOLANGE MUSSE: QUISO DESPEDIRSE DE SU HIJA EN PLENA CUARENTENA, NO LO DEJARON ENTRAR A CÓRDOBA Y CINCO AÑOS DESPUÉS LOS ACUSADOS FUERON ABSUELTOS

El caso de Solange Musse quedó grabado como uno de los episodios más dolorosos y discutidos de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus en Argentina.

Solange tenía 35 años, padecía un cáncer de mama avanzado, se encontraba con internación domiciliaria, necesitaba oxígeno y atravesaba la etapa final de su enfermedad en Alta Gracia, Córdoba.

Su padre, Pablo Musse, vivía en Plottier, Neuquén.

En agosto de 2020 decidió viajar aproximadamente 900 kilómetros para llegar hasta Córdoba y cumplir un deseo tan sencillo como urgente: poder abrazar y acompañar a su hija antes de que muriera.

Nunca pudo hacerlo.

EL VIAJE QUE TERMINÓ EN UN CONTROL SANITARIO

El 16 de agosto de 2020, en uno de los momentos de mayores restricciones de circulación por la pandemia, Pablo Musse llegó al puesto sanitario ubicado en Huinca Renancó, en el límite de Córdoba.

Viajaba acompañado por su cuñada, Paola Oviedo, una mujer con discapacidad motriz que además debía regresar a su domicilio en Alta Gracia.

Musse tenía autorización para circular, pero Córdoba exigía además determinadas condiciones sanitarias para ingresar.

En el puesto fronterizo le realizaron pruebas rápidas para detectar coronavirus.

Los resultados fueron positivos.

Ese dato fue determinante para las autoridades que se encontraban en el control.

No permitieron que continuara hacia Alta Gracia.

El problema es que posteriormente aquellos resultados fueron considerados falsos positivos.

SOLANGE ESTABA MURIENDO

Las autoridades sabían que el viaje no tenía una finalidad turística ni recreativa.

Solange atravesaba un cáncer de mama en estadio IV y se encontraba bajo cuidados médicos domiciliarios.

Su padre había recorrido cientos de kilómetros precisamente porque sabía que podía estar frente a los últimos días de vida de su hija.

Según la acusación que años después llegó a juicio, existían directivas que permitían contemplar determinadas situaciones impostergables relacionadas con personas con discapacidad o pacientes que atravesaban padecimientos extremos.

Este punto terminó siendo el corazón de la discusión judicial.

¿Los funcionarios simplemente cumplieron el protocolo sanitario existente o tenían herramientas para contemplar una excepción humanitaria y permitir que Pablo llegara hasta su hija bajo condiciones controladas?

LO OBLIGARON A REGRESAR A NEUQUÉN

Finalmente, Pablo Musse y su acompañante no pudieron continuar.

Fueron obligados a regresar hacia Neuquén.

El viaje de vuelta tampoco fue normal.

De acuerdo con la acusación presentada posteriormente ante la Justicia, fueron “encapsulados” y escoltados por una comisión policial durante el regreso.

Pablo sostuvo que durante aquel trayecto no pudo detenerse normalmente para descansar, comer o utilizar un baño.

Había recorrido cientos de kilómetros para abrazar a su hija.

Terminó haciendo el camino inverso custodiado por patrulleros.

CINCO DÍAS DESPUÉS, SOLANGE MURIÓ

Solange Musse murió el 21 de agosto de 2020.

Tenía solamente 35 años.

Su padre nunca pudo darle aquel último abrazo.

Antes de morir, Solange escribió una frase que posteriormente se convirtió prácticamente en el símbolo del caso:

“Hasta el último día tengo mis derechos”.

La historia provocó una enorme conmoción nacional y comenzó una discusión que excedía ampliamente a aquella familia.

Hasta dónde podían llegar las restricciones sanitarias.

Qué margen tenían los funcionarios para resolver situaciones excepcionales.

Y fundamentalmente, si cumplir un protocolo podía justificar ignorar una situación humanitaria extrema.

CINCO AÑOS DESPUÉS LLEGÓ EL JUICIO

La causa finalmente llegó a juicio en septiembre de 2025 ante la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto.

Los acusados fueron Eduardo José Fernando Andrada, quien se desempeñaba como director del Hospital de Huinca Renancó y referente del Centro de Operaciones de Emergencia local, y Analía Morales, trabajadora social vinculada al puesto sanitario.

Ambos llegaron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación sostenía esencialmente que habían desatendido las posibilidades existentes para afrontar una situación humanitaria excepcional.

Durante el juicio declararon médicos, policías, funcionarios y antiguos integrantes de los organismos que administraron las restricciones durante la pandemia.

Las posiciones fueron diferentes.

Algunos defendieron la aplicación estricta de los protocolos sanitarios.

Otros reconocieron que podría haberse realizado una consulta para analizar alguna excepción.

“CON UN TEST POSITIVO, EL RIESGO ERA ENORME”

Una de las posiciones escuchadas durante el proceso fue la del entonces ministro de Salud cordobés Diego Cardozo.

La defensa de las decisiones adoptadas se basó fundamentalmente en el contexto sanitario de agosto de 2020.

Todavía no existían vacunas contra el COVID-19, existía temor a los brotes y las autoridades trabajaban bajo protocolos extremadamente restrictivos.

Desde esa posición se argumentó que permitir desplazarse por la provincia a una persona que acababa de obtener un resultado positivo representaba un riesgo sanitario considerable.

También hubo funcionarios que sostuvieron que, sin un PCR negativo, Musse no podía continuar hacia Alta Gracia.

Pero la querella planteó exactamente el problema contrario.

No se estaba frente a un viaje común.

Había una mujer de 35 años con cáncer terminal esperando a su padre.

LA FISCALÍA PIDIÓ CONDENAS

El caso llegó a su momento decisivo el 15 de septiembre de 2025.

El fiscal de Cámara Julio Rivero solicitó que ambos acusados fueran declarados culpables.

Pidió para Andrada y Morales una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.

También solicitó una inhabilitación especial para ejercer cargos durante un período equivalente al doble de la condena.

Uno de los conceptos utilizados durante la acusación fue el de violencia institucional.

La expectativa alrededor del juicio era enorme porque una condena podía convertirse en un precedente importante sobre la responsabilidad individual de los funcionarios que aplicaron restricciones durante la pandemia.

Pero el jurado tomó otra decisión.

LOS DOS FUERON ABSUELTOS

El jurado popular declaró no culpables a los dos funcionarios.

Andrada y Morales quedaron absueltos de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cinco años después de aquel viaje frustrado, la Justicia penal no responsabilizó a los dos acusados que llegaron al juicio.

Esto es importante jurídicamente.

La absolución no significa que Pablo Musse haya podido despedirse de su hija.

Tampoco significa que aquella decisión administrativa haya sido humanamente correcta.

Significa que el jurado consideró que no correspondía declarar penalmente responsables a esos dos acusados por los delitos que se les atribuían.

La diferencia es enorme.

LA BRONCA DEL PADRE

Pablo Musse recibió el veredicto con indignación.

Manifestó públicamente sentir nuevamente la misma bronca que había experimentado cuando le impidieron continuar el viaje hacia Córdoba y anunció su intención de recurrir la decisión.

Para él, el juicio representaba algo mucho más grande que conseguir una condena contra dos funcionarios.

Buscaba que quedara establecido que ninguna emergencia debería permitir que el Estado olvide completamente la dimensión humana de sus decisiones.

¿QUIÉN ERA RESPONSABLE?

Esta posiblemente sea la pregunta más difícil que dejó el proceso.

Los funcionarios juzgados formaban parte de una estructura muchísimo mayor.

Argentina atravesaba una emergencia sanitaria extraordinaria.

El Gobierno nacional establecía restricciones.

Las provincias implementaban sus propios mecanismos de ingreso.

Existían Centros de Operaciones de Emergencia.

Había autoridades sanitarias, policías, médicos y funcionarios tomando decisiones dentro de una estructura administrativa inédita.

Y finalmente, en la ruta, alguien tenía que decidir si levantaba una barrera o la mantenía cerrada.

El juicio analizó la responsabilidad penal de dos personas concretas.

No fue un juicio general contra toda la política de cuarentena argentina.

Tampoco determinó judicialmente que todas las restricciones aplicadas durante la pandemia hayan sido correctas.

EL GRAN DEBATE QUE DEJÓ SOLANGE

Con el paso del tiempo resulta sencillo observar las decisiones de 2020 con información que entonces no existía.

Pero eso tampoco elimina una discusión fundamental.

Una emergencia no suspende automáticamente todos los derechos.

El Estado puede imponer restricciones extraordinarias frente a situaciones extraordinarias, pero esas decisiones deben conservar criterios de razonabilidad y proporcionalidad y contemplar situaciones excepcionales.

Solange no estaba pidiendo participar de una fiesta.

Su padre no pretendía ingresar a Córdoba para pasar vacaciones.

Una mujer con cáncer terminal quería despedirse de su papá.

Incluso aceptando que existiera un riesgo epidemiológico, queda abierta una pregunta: ¿era imposible encontrar una alternativa?

Un traslado controlado.

Aislamiento.

Equipamiento de protección.

Una ambulancia.

Un protocolo humanitario especial.

Algún mecanismo que protegiera simultáneamente la salud pública y el derecho de una hija moribunda a despedirse de su padre.

Ese interrogante sobrevivió al juicio.

LA JUSTICIA ABSOLVIÓ, PERO LA HISTORIA NO DESAPARECE

Los dos funcionarios que llegaron al banquillo fueron absueltos.

Esa es la resolución judicial y debe ser respetada como tal.

Pero una absolución penal no obliga a la sociedad a considerar acertada cada decisión administrativa que condujo hasta aquella situación.

Derecho penal, responsabilidad política y valoración humana son cosas diferentes.

Una persona puede no haber cometido un delito y, al mismo tiempo, haber formado parte de una decisión estatal cuyas consecuencias merecen ser discutidas.

El caso Solange probablemente permanezca durante muchos años como uno de los símbolos de aquella etapa.

No porque permita afirmar que todas las medidas sanitarias fueron innecesarias.

La pandemia existió, produjo millones de muertes en el mundo y obligó a los gobiernos a tomar decisiones extremadamente difíciles.

La enseñanza puede ser otra.

Incluso durante una emergencia, detrás de cada expediente, permiso, protocolo y control existen personas.

El Estado necesita reglas.

Pero también necesita funcionarios capaces de reconocer cuándo una situación extraordinaria exige encontrar una respuesta extraordinaria.

Solange murió cinco días después de que su padre fuera obligado a regresar.

El juicio terminó cinco años más tarde con dos absoluciones.

Y entre ambas fechas quedó una pregunta que ninguna sentencia puede responder completamente:

¿Realmente no existía ninguna manera de permitir que un padre abrazara por última vez a su hija sin poner en peligro a los demás?