El delincuente no roba porque leyó las estadísticas de pobreza: cuando explicar el delito termina ocultando el fracaso del sistema

Un sociólogo vinculó parte de la inseguridad de Mar del Plata con la marginación y el empobrecimiento. El fenómeno existe y merece ser estudiado. Pero convertir las condiciones sociales en la explicación dominante del delito corre el riesgo de dejar afuera una pregunta mucho más incómoda: ¿qué pasa cuando delinquir reiteradamente tiene pocas consecuencias inmediatas?

Una vez más aparece una explicación conocida para intentar comprender la inseguridad:

la pobreza, la desigualdad y la marginación.

El sociólogo Agustín Salvia sostuvo en Mar del Plata que existe un proceso de marginación en sectores periféricos que "abre las puertas" a la delincuencia, incluyendo el narcomenudeo y la comercialización de productos robados.

Su planteo, vale aclararlo, no sostiene que toda la delincuencia sea producto de la pobreza. Incluso habla de una hipótesis que debería ser considerada al diagnosticar la inseguridad.

Hasta ahí, el debate es legítimo.

El problema comienza cuando la explicación sociológica termina desplazando algo bastante más elemental:

la delincuencia también existe porque existen delincuentes que deciden delinquir y porque el Estado muchas veces fracasa en prevenirlos, investigarlos, juzgarlos y evitar que reincidan.

 Ser pobre no convierte a nadie en delincuente

Este debería ser el primer límite de cualquier discusión seria.

Millones de argentinos atravesaron pobreza, desempleo, crisis económicas y situaciones desesperantes sin salir a robarle un automóvil al vecino, entrar armados a un comercio o vender droga en una esquina.

La pobreza puede aumentar factores de riesgo.

La exclusión puede generar ambientes donde organizaciones criminales encuentran mano de obra.

La ausencia del Estado puede facilitar que el narcotráfico ocupe espacios.

Todo eso merece ser estudiado.

Pero existe una enorme distancia entre explicar las condiciones que favorecen un delito y diluir la responsabilidad de quien decide cometerlo.

Confundir ambas cosas termina siendo profundamente injusto incluso con los propios pobres.

Porque la enorme mayoría de las personas humildes también son trabajadores.

Y muchas veces son precisamente ellos quienes sufren primero la delincuencia.

 Hay otra realidad que las estadísticas sociales no muestran

Preguntémosle al comerciante que fue asaltado.

Al trabajador al que le robaron la moto con la que llega a trabajar.

Al jubilado al que entraron a su casa.

Al vecino que llamó tres veces porque venden droga en su cuadra.

O al policía que detiene nuevamente a una persona que ya conoce de procedimientos anteriores.

Probablemente el problema deje de parecer exclusivamente sociológico.

Existe también una cuestión de consecuencias.

Un sistema penal funciona no solamente cuando castiga.

Funciona cuando logra generar una expectativa razonable de que cometer un delito tendrá consecuencias.

Cuando esa percepción desaparece, el problema se vuelve mucho más profundo.

La puerta giratoria no se arregla solamente con patrulleros

La sociedad suele descargar toda la responsabilidad sobre la Policía.

"Faltan policías."

"Faltan patrulleros."

"Hay que detener más delincuentes."

Pero la Policía constituye apenas un eslabón del sistema.

Puede detener.

Puede secuestrar elementos.

Puede reunir pruebas.

Puede poner a una persona a disposición judicial.

Después comienza otro mundo.

Fiscales.

Defensores.

Jueces.

Códigos procesales.

Prisión preventiva.

Excarcelaciones.

Juicios.

Condenas.

Ejecución de las penas.

Sistema penitenciario.

Reinserción.

Si cualquiera de esos engranajes falla, agregar veinte patrulleros puede producir veinte detenciones más, pero no necesariamente veinte delincuentes menos en la calle.

 Un Código Penal nacido en otro país

Existe además un elefante dentro de la habitación.

El Código Penal argentino nació en 1921.

Argentina era otro país.

No existía internet.

No existían teléfonos celulares.

No existían las organizaciones criminales modernas tal como las conocemos.

No existían ciberdelitos, mercados criminales digitales ni muchas de las modalidades contemporáneas que hoy debe enfrentar el Estado.

Durante más de un siglo el Código recibió reforma detrás de reforma.

Artículo sobre artículo.

Parche sobre parche.

Eso no significa que actualmente sea exactamente el mismo Código de 1921.

Sería falso decirlo.

De hecho, en los últimos años se produjeron modificaciones importantes sobre reincidencia, reiterancia y criminalidad organizada.

El problema es justamente otro:

Argentina lleva décadas modificando fragmentariamente un sistema penal concebido hace más de cien años.

 Reincidencia y reiterancia: palabras que importan

Hay una diferencia que pocas veces llega a la discusión pública.

Una persona puede acumular distintas causas y todavía no ser técnicamente reincidente si no se cumplen los requisitos legales correspondientes.

Por eso durante años apareció una situación incomprensible para el ciudadano:

"¿Cómo puede tener cinco causas y estar nuevamente en la calle?"

La respuesta puede encontrarse precisamente en las diferencias entre antecedentes, procesos pendientes, condenas firmes, reincidencia y riesgos procesales.

En 2025 la legislación nacional modificó el régimen de reincidencia y dio mayor relevancia a la reiterancia delictiva dentro de determinadas decisiones procesales.

Eso demuestra algo importante:

el propio sistema reconoció que el problema existía y necesitaba modificaciones.

 Y Mar del Plata tiene un problema concreto

La inseguridad marplatense tampoco puede analizarse únicamente desde una conferencia universitaria.

Los datos locales muestran delitos contra la propiedad, robos, hurtos, sustracción de motocicletas, robos en viviendas y hechos en la vía pública distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

Existe delito en barrios humildes.

Pero también existe en el centro.

Existe en zonas comerciales.

Existe en barrios de clase media.

Existe delito oportunista, delito organizado, narcotráfico, violencia interpersonal y delincuencia profesional.

Pretender encontrar una explicación única para fenómenos tan diferentes probablemente sea el primer error.

 Entonces, ¿la marginación no importa?

Claro que importa.

Un chico sin educación, sin oportunidades, criado en un territorio dominado por organizaciones criminales tiene factores de riesgo que el Estado no puede ignorar.

La prevención social del delito es necesaria.

Educación.

Trabajo.

Urbanización.

Tratamiento de adicciones.

Recuperación del espacio público.

Todo eso es seguridad.

Pero también lo son:

la Policía, la investigación criminal, los fiscales, los jueces, las cárceles, el cumplimiento efectivo de las condenas y leyes adaptadas a las modalidades delictivas actuales.

Una política sin la otra está condenada al fracaso.

Dar solamente patrulleros sin atacar las causas sociales es insuficiente.

Pero combatir únicamente la pobreza esperando que desaparezcan los delincuentes también lo es.

 El narcotráfico tampoco nació porque alguien perdió el empleo

Existe otro límite particularmente importante.

El crimen organizado funciona como una empresa ilegal.

Busca mercados.

Territorio.

Clientes.

Dinero.

Protección.

Logística.

Personas que distribuyan.

Personas que recauden.

Personas que permitan lavar el dinero obtenido.

Reducir semejante estructura a la marginación social sería no comprender la dimensión económica y organizacional del fenómeno.

La pobreza puede proporcionarle al narcotráfico personas vulnerables para reclutar.

Pero la organización criminal necesita además que el Estado no consiga desarticularla.

Ahí aparece nuevamente la responsabilidad institucional.

 Capibara Reflexiona

Quizás llegó el momento de abandonar dos discursos cómodos.

El primero dice:

"El delincuente roba porque es pobre."

El segundo responde:

"Hay que meterlos a todos presos y listo."

Ninguno alcanza.

Necesitamos oportunidades para quien quiera progresar.

Educación para quien quiera construir un futuro.

Asistencia para quien realmente la necesite.

Tratamiento para quien padezca una adicción.

Y una segunda oportunidad para quien verdaderamente quiera reinsertarse.

Pero también necesitamos algo que durante demasiado tiempo pareció convertirse en una mala palabra:

consecuencias para quien elige delinquir.

Porque una sociedad sin oportunidades genera exclusión.

Pero una sociedad donde infringir sistemáticamente la ley no produce consecuencias previsibles genera algo igualmente peligroso:

impunidad.

Y cuando el delincuente descubre que el sistema tiene más miedo de aplicar la ley que él de violarla, el problema ya no es solamente la pobreza.

El problema es el Estado.