¿Identidad obligatoria para usar internet? El proyecto de ley que abre un debate sobre privacidad, libertad de expresión y vigilancia digital

Una diputada nacional de Unión por la Patria presentó una iniciativa para exigir verificación biométrica mediante el RENAPER a usuarios de redes sociales, videojuegos y plataformas digitales. Aunque busca combatir estafas y proteger a menores, la propuesta plantea interrogantes constitucionales: ¿puede el Estado exigir que todos los ciudadanos acrediten su identidad para participar en internet? ¿Qué sucede con el anonimato, las fuentes periodísticas y los datos personales?

Loguea2.com | Política, Tecnología y Derechos Digitales | 9 de noviembre de 2026

Un proyecto impulsado desde Unión por la Patria

El 3 de noviembre de 2026 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el expediente 6018-D-2026, presentado por la diputada nacional Cecilia López Pasquali, representante de Santiago del Estero e integrante del bloque Unión por la Patria, espacio político identificado con el peronismo y el kirchnerismo.

La iniciativa propone establecer un sistema de verificación de identidad digital mediante validación biométrica, utilizando infraestructura del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Su alcance incluye redes sociales y otras plataformas digitales, entre ellas determinados servicios de compraventa y videojuegos.

El objetivo declarado es combatir delitos cometidos mediante identidades falsas, prevenir estafas y suplantaciones de identidad y mejorar la protección de menores de edad.

Sin embargo, detrás de esa finalidad aparece una discusión mucho más amplia: los límites que debe tener el Estado cuando pretende identificar a millones de ciudadanos que utilizan internet.

La presentación de una iniciativa por una legisladora de Unión por la Patria no significa, por sí sola, que todo el bloque haya respaldado formalmente el proyecto. Para establecerlo es necesario verificar sus cofirmantes y las posiciones expresadas durante el trámite parlamentario.

¿Cómo funcionaría el sistema?

De acuerdo con los alcances difundidos de la propuesta, las plataformas alcanzadas deberían verificar la identidad de los usuarios mediante el Sistema de Identidad Digital del RENAPER.

La validación podría utilizar mecanismos de reconocimiento biométrico para comprobar que una persona corresponde con la identidad declarada.

La obligación alcanzaría tanto a nuevas cuentas como a perfiles existentes.

Las empresas no deberían conservar directamente fotografías, huellas ni plantillas biométricas utilizadas en el procedimiento.

En su lugar, recibirían una confirmación de identidad, información necesaria para comprobar la mayoría de edad y un identificador que permitiría mantener la trazabilidad de la cuenta.

El proyecto contempla que las personas puedan seguir utilizando seudónimos o nombres artísticos.

Pero aparece una diferencia fundamental: una cosa es utilizar un seudónimo sin que la plataforma conozca necesariamente la identidad civil del usuario, y otra es utilizarlo después de quedar vinculado a una identidad verificada.

La identidad no tendría que mostrarse públicamente, pero existiría una vinculación susceptible de ser utilizada bajo las condiciones legales previstas.

¿Qué derechos constitucionales podrían verse afectados?

1. Libertad de expresión: artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional

La Constitución protege el derecho de publicar ideas sin censura previa.

La Ley 26.032 reconoce expresamente que buscar, recibir y difundir información por internet está comprendido dentro de esa garantía.

El conflicto aparece cuando una persona debe entregar datos de identidad para poder participar en una plataforma de comunicación.

El anonimato puede cumplir funciones legítimas.

Una víctima de violencia puede necesitar denunciar situaciones sin revelar públicamente su identidad.

Un trabajador puede expresar críticas a su empleador.

Un ciudadano puede denunciar irregularidades de funcionarios.

Un periodista puede mantener contacto con fuentes que temen represalias.

Una obligación general de identificación podría desalentar algunas de esas expresiones, incluso cuando el Estado no pretenda censurarlas.

En derecho constitucional, este fenómeno se conoce como efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión.

El punto que debería examinar el Congreso es si una identificación biométrica obligatoria para millones de usuarios constituye una restricción necesaria y proporcionada.

2. Derecho a la privacidad: artículo 19

El artículo 19 de la Constitución establece una esfera de autonomía personal protegida frente a intervenciones estatales injustificadas.

El problema no es que una persona tenga identidad legal.

El problema consiste en determinar si el Estado puede exigir su identificación biométrica como requisito general para actividades digitales que no necesariamente implican riesgos ni conductas ilícitas.

Leer publicaciones, participar en debates, comentar noticias o interactuar en comunidades virtuales son actividades que, por sí mismas, no constituyen delitos.

La pregunta constitucional es si resulta proporcionado someterlas a un mecanismo obligatorio de identificación.

3. Protección de datos personales: artículo 43 y Ley 25.326

Los datos biométricos son datos personales porque permiten identificar a una persona mediante características físicas o de comportamiento.

La Ley 25.326 establece principios vinculados con la finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad y confidencialidad del tratamiento de información personal.

La identificación biométrica presenta un riesgo particular: una contraseña puede cambiarse, pero las características biométricas de una persona no pueden reemplazarse de la misma manera.

Una filtración, una utilización indebida o una asociación incorrecta entre cuentas e identidades podría tener consecuencias persistentes.

El proyecto debería explicar con precisión qué información se procesa, durante cuánto tiempo, quién accede a ella y cómo se audita el sistema.

No basta con prohibir que las plataformas almacenen imágenes biométricas.

También es necesario examinar la infraestructura central que realiza la validación y los registros técnicos que podrían generarse durante el procedimiento.

4. Protección de las fuentes periodísticas

El artículo 43 de la Constitución protege expresamente el secreto de las fuentes de información periodística.

La Ley 25.326 también contempla garantías vinculadas con esas fuentes.

Este punto merece especial atención.

Imaginemos que una persona denuncia una irregularidad institucional mediante una cuenta creada específicamente para preservar su identidad.

Si esa cuenta debe quedar asociada a una identidad civil verificable, el sistema podría introducir un riesgo adicional para la confidencialidad.

Esto no significa que toda identificación judicial de una persona sea ilegal.

Significa que una norma de alcance general debe incorporar salvaguardas suficientes para impedir que sus mecanismos de trazabilidad comprometan derechos constitucionalmente protegidos.

5. Igualdad y no discriminación: artículo 16

La obligación de utilizar herramientas biométricas puede generar dificultades para determinados sectores de la población.

Entre ellos podrían encontrarse personas sin dispositivos compatibles, habitantes de regiones con conectividad deficiente, adultos mayores o usuarios con dificultades para completar una validación automatizada.

También deben considerarse los errores de reconocimiento biométrico.

Un sistema que rechaza incorrectamente a una persona podría impedirle utilizar servicios digitales legítimos.

Por eso, una legislación de estas características necesita mecanismos alternativos de identificación, revisión humana, accesibilidad y procedimientos efectivos de reclamo.

¿Qué leyes actuales entran en tensión con la iniciativa?

Ley 26.032 — Libertad de expresión en internet

Reconoce que la comunicación de ideas por internet está protegida constitucionalmente.

Una obligación de identificación generalizada podría entrar en conflicto con esa garantía si produce restricciones desproporcionadas o excluye injustificadamente a usuarios.

Ley 25.326 — Protección de datos personales

Exige que el tratamiento de información personal respete principios legales de finalidad, seguridad, proporcionalidad y confidencialidad.

La iniciativa debería demostrar que la recolección y utilización de información biométrica resulta necesaria para sus objetivos y que existen garantías suficientes.

Ley 27.078 — Argentina Digital

Reconoce principios de acceso equitativo a las tecnologías de información y comunicación, privacidad de las comunicaciones y neutralidad de red.

Aunque esta norma no prohíbe por sí misma que una plataforma solicite identidad, una regulación que excluya a personas de determinados servicios digitales debe examinarse a la luz del derecho de acceso y de las garantías aplicables.

Constitución Nacional y tratados internacionales

Los artículos 14, 16, 18, 19, 28, 32, 43 y 75 inciso 22 proporcionan un marco de garantías relevantes.

Entre los instrumentos internacionales incorporados al sistema constitucional argentino se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estos instrumentos protegen, entre otros derechos, la privacidad y la libertad de expresión.

Una medida que limite tales derechos debe superar un examen de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad.

¿Qué aspectos necesitan mayor precisión?

El análisis del proyecto plantea preguntas que deberían resolverse antes de avanzar con una obligación de alcance nacional.

Primero: la necesidad. ¿Por qué sería indispensable identificar biométricamente a todos los usuarios y no únicamente aplicar controles reforzados en actividades de riesgo?

Segundo: la eficacia. ¿Qué evidencia demuestra que una verificación generalizada reduciría efectivamente las estafas, el acoso o la suplantación de identidad?

Tercero: la trazabilidad. ¿Podría una misma identidad ser vinculada con cuentas utilizadas en distintas plataformas? ¿Qué mecanismos impedirían construir perfiles sobre la actividad digital de una persona?

Cuarto: la conservación de datos. ¿Qué registros mantendría el sistema de validación? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién podría consultarlos?

Quinto: la supervisión independiente. ¿Qué organismo auditaría la infraestructura y cómo se detectarían accesos indebidos?

Sexto: los errores biométricos. ¿Qué ocurriría si una persona no pudiera validar su identidad por una falla técnica?

Séptimo: la protección de denunciantes y periodistas. ¿Qué garantías específicas impedirían identificar indebidamente fuentes confidenciales?

Octavo: los menores de edad. ¿Cómo se evitaría que una política destinada a protegerlos generara nuevos riesgos para su privacidad?

Noveno: los costos. ¿Quién financiaría la implementación? ¿Se trasladarían gastos a pequeñas plataformas argentinas o a sus usuarios?

Décimo: la seguridad informática. ¿Qué auditorías, pruebas de penetración, protocolos de respuesta a incidentes y procedimientos de notificación serían obligatorios?

La prohibición de almacenar datos biométricos en las plataformas constituye una salvaguarda relevante, pero no responde por sí sola a todas estas preguntas.

¿Puede ayudar a combatir los delitos digitales?

La identificación de usuarios puede ser útil en determinadas investigaciones judiciales.

Las estafas informáticas, la extorsión, las amenazas, la suplantación de identidad y los delitos contra menores representan problemas reales.

Una verificación de identidad podría dificultar algunas modalidades de fraude basadas en cuentas falsas.

Pero identificar a un usuario no equivale a impedir que cometa un delito.

Tampoco garantiza que la persona que utiliza una cuenta sea permanentemente la misma que realizó su registro inicial.

Existen cuentas comprometidas, identidades sustraídas, mecanismos de intermediación y otras formas de utilización fraudulenta de servicios digitales.

La prevención requiere además investigación especializada, preservación de evidencia, cooperación judicial, educación digital y mecanismos de respuesta ante incidentes.

Por eso, la eficacia de una identificación biométrica masiva no debería darse por demostrada sin estudios técnicos.

El riesgo de convertir la prevención en vigilancia

Uno de los interrogantes más importantes es la posibilidad de que una infraestructura creada para validar identidades termine utilizándose para otros fines.

En seguridad informática y protección de datos, este fenómeno se conoce como ampliación de finalidad.

Un sistema diseñado inicialmente para comprobar edades o prevenir estafas podría, si no existen límites efectivos, facilitar nuevas formas de seguimiento o asociación de actividades digitales.

No se afirma que el proyecto disponga expresamente la vigilancia de opiniones políticas.

La preocupación consiste en que una infraestructura de identificación generalizada debe diseñarse para impedir técnicamente y jurídicamente usos incompatibles con su finalidad original.

El control judicial es una garantía importante, pero también deben existir registros de acceso, auditorías independientes, límites de conservación y sanciones frente a utilizaciones indebidas.

¿Qué alternativas podrían debatirse?

La prevención de delitos digitales no exige necesariamente un único modelo regulatorio.

Entre las alternativas posibles se encuentran verificaciones reforzadas para operaciones de alto riesgo, mecanismos de acreditación de mayoría de edad que no revelen la identidad completa y procedimientos judiciales para identificar responsables de delitos concretos.

También podrían fortalecerse las obligaciones de las plataformas frente a denuncias, la preservación de evidencia y la cooperación con las autoridades competentes.

La comparación entre alternativas es indispensable para determinar si una medida generalizada constituye realmente la opción menos restrictiva de los derechos fundamentales.

¿Ya es obligatorio identificarse?

No.

El expediente 6018-D-2026 es un proyecto legislativo presentado en la Cámara de Diputados.

Fue girado a las comisiones de Legislación General, Comunicaciones e Informática, y Familias, Niñez y Juventudes.

Su presentación no significa que haya sido aprobado ni que exista una obligación vigente de realizar una validación biométrica para utilizar redes sociales.

El Congreso deberá debatir su alcance y, eventualmente, introducir modificaciones antes de cualquier sanción.

La pregunta de fondo: ¿seguridad digital a cambio de identidad obligatoria?

El desafío del Estado es proteger a los ciudadanos frente a delitos digitales sin transformar a todos los usuarios en personas sometidas a una identificación generalizada innecesaria.

La privacidad no constituye un privilegio reservado a quienes tienen algo que ocultar.

La libertad de expresión tampoco se limita a quienes desean publicar su nombre y apellido.

Ambos derechos forman parte de las garantías que permiten participar en la vida democrática.

El proyecto plantea una finalidad legítima: combatir delitos y proteger a usuarios vulnerables.

Pero esa finalidad no elimina la obligación de demostrar que los medios propuestos son necesarios, eficaces y proporcionados.

La cuestión central no es solamente si el Estado puede verificar una identidad. Es si debe exigir esa verificación a millones de ciudadanos para permitirles participar en espacios digitales.

Una democracia necesita herramientas para investigar delitos.

También necesita límites claros para evitar que esas herramientas comprometan los derechos de quienes no han cometido ninguno.

La seguridad digital y las libertades constitucionales no deberían presentarse como objetivos incompatibles. El desafío legislativo consiste precisamente en proteger ambas.