KICILLOF Y LA CAJA BONAERENSE: MILLONES PARA EMPRESAS PÚBLICAS, MILES DE EMPLEADOS Y UNA PREGUNTA QUE INCOMODA: ¿DÓNDE ESTÁN LOS RESULTADOS?

La Provincia de Buenos Aires destina recursos millonarios al funcionamiento de empresas bajo su control. Mientras Axel Kicillof reclama fondos a la Nación y prepara su proyección política hacia 2027, las cuentas públicas abren un interrogante que merece respuestas: ¿cuánto dinero necesitan estas estructuras, qué producen y qué beneficios concretos reciben los bonaerenses?

KICILLOF RECLAMA FONDOS. ¿Y QUIÉN CONTROLA LOS QUE YA ADMINISTRA?

El gobernador Axel Kicillof mantiene un enfrentamiento político y económico con Javier Milei.

Discuten recursos, impuestos, inversión pública y el papel del Estado.

Pero existe una cuestión que no depende de esa disputa.

La Provincia de Buenos Aires administra un presupuesto propio y tiene responsabilidades sobre numerosas empresas y organismos.

Y los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se utilizan sus recursos.

Porque una cosa es defender el Estado y otra muy distinta es demostrar que sus recursos se administran con eficiencia.

La discusión no debería limitarse a cuánto dinero necesita una empresa para continuar funcionando.

También debería incluir cuánto produce, qué servicios presta y qué objetivos cumple.

ABSA Y BAGSA: EL DINERO QUE NECESITAN PARA SEGUIR FUNCIONANDO

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA) forman parte del esquema de servicios públicos provinciales.

Ambas requieren financiamiento para cumplir sus funciones.

En el caso de ABSA, durante 2026 se aprobaron transferencias provinciales destinadas a sostener su funcionamiento.

También circula una cifra de $35.000 millones vinculada con su asistencia financiera, cuyo período y alcance deben corroborarse con los actos administrativos correspondientes antes de presentarla como un total ejecutado.

En BAGSA, la documentación oficial ofrece una referencia precisa.

El presupuesto de 2026 contempló $12.300 millones para gastos de funcionamiento.

Posteriormente, el Decreto 1867/2026 autorizó un aporte adicional de hasta $3.000 millones.

En conjunto, representan $15.300 millones de financiamiento autorizado.

La diferencia entre autorización y desembolso efectivo es importante.

Pero la pregunta sigue siendo la misma.

¿CUÁNTO DINERO NECESITAN ESTAS EMPRESAS PARA FUNCIONAR Y QUÉ RESULTADOS OBTIENEN CON ESOS RECURSOS?

En ABSA corresponde evaluar la calidad del agua, la cobertura, las obras, las pérdidas y la atención de reclamos.

En BAGSA corresponde conocer las redes construidas, los usuarios incorporados y las inversiones ejecutadas.

Una empresa pública puede necesitar subsidios para garantizar servicios esenciales.

Lo que no debería faltar es información sobre sus resultados.

ASTILLERO RÍO SANTIAGO: EL CASO QUE PONE A PRUEBA EL MODELO

El Astillero Río Santiago representa una de las discusiones más importantes sobre la administración de empresas estatales bonaerenses.

Su historia industrial es relevante.

También lo son sus capacidades técnicas y el trabajo de su personal.

Pero el presupuesto 2026 presenta cifras que merecen un examen detallado.

Los números exponen una estructura que depende considerablemente del financiamiento provincial.

Los ingresos propios previstos equivalen aproximadamente al 1,15 % de su presupuesto inicial.

Eso no significa que el resto del dinero haya sido robado, malgastado o utilizado irregularmente.

Pero sí obliga a preguntar qué estrategia productiva justifica esa estructura.

¿CUÁNTAS EMBARCACIONES SE ESTÁN CONSTRUYENDO?

¿CUÁNTOS CONTRATOS EXISTEN?

¿CUÁNTO SE INVIERTE EN INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN?

¿CUÁL ES EL PLAN PARA AUMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS?

La discusión no debería reducirse a conservar empleos o reducir personal.

Debería incluir un proyecto industrial verificable.

Porque un astillero necesita trabajadores, pero también necesita actividad naval.

Y una provincia que destina recursos a sostenerlo debe poder explicar qué resultados espera obtener.

¿EMPLEO PÚBLICO O ESTRUCTURA POLÍTICA?

Otro interrogante es la evolución de las plantillas de las empresas provinciales.

¿Cuántos cargos se incorporaron durante cada administración?

¿Cuántos corresponden a tareas operativas?

¿Cuántos a funciones administrativas?

¿Qué mecanismos de selección se utilizaron?

¿Existen concursos, evaluaciones de desempeño y controles de incompatibilidades?

Las vinculaciones políticas de determinados funcionarios pueden justificar preguntas sobre sus designaciones.

Pero no demuestran por sí mismas irregularidades.

En el caso del Astillero Río Santiago, la relación política entre el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el gobernador Kicillof es públicamente conocida.

Esa cercanía no prueba que los recursos del astillero financien actividades partidarias.

Para sostener una acusación semejante harían falta registros de contrataciones, pagos, funciones y eventuales desvíos de fondos.

LA PREGUNTA NO ES A QUÉ PARTIDO PERTENECE UN TRABAJADOR. LA PREGUNTA ES QUÉ FUNCIÓN CUMPLE, CÓMO FUE CONTRATADO Y QUÉ CONTROLES EXISTEN.

EL GRUPO BANCO PROVINCIA: ¿CUÁNTO CUESTA SU ESTRUCTURA?

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y las empresas vinculadas a su grupo económico también merecen seguimiento.

Entre ellas se encuentran Provincia Seguros, Provincia ART, Provincia Vida, Provincia Leasing y Provincia Fideicomisos.

Son organizaciones con actividades y modelos de ingresos diferentes.

Por eso, no corresponde sumar automáticamente sus trabajadores o gastos y presentar ese total como un déficit provincial.

Pero sí corresponde conocer sus balances, rentabilidad, estructuras jerárquicas y políticas de contratación.

¿CUÁNTO GENERA CADA EMPRESA? ¿CUÁNTO CUESTA ADMINISTRARLA? ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LA PROVINCIA?

Una entidad financiera pública puede cumplir funciones de desarrollo económico.

La cuestión es cómo se mide el cumplimiento de esos objetivos.

LOS IMPUESTOS: LA OTRA CARA DEL GASTO PÚBLICO

Mientras la Provincia financia sus estructuras, comerciantes, productores y PyMEs enfrentan obligaciones tributarias.

Ingresos Brutos es uno de los impuestos provinciales más relevantes.

Su incidencia puede afectar costos y precios, aunque el impacto varía según la actividad y las alícuotas aplicables.

El Impuesto Inmobiliario Rural también genera controversias sobre su actualización y carga económica.

Pero es necesario diferenciar los tributos provinciales de los nacionales.

Los derechos de exportación son materia nacional. Por lo tanto, no corresponde afirmar que Buenos Aires cobra una retención provincial del 10 % a la exportación de automóviles sin identificar un tributo distinto y su fundamento legal.

El debate de fondo es más amplio.

¿CUÁNTO DEBE APORTAR UNA PYME PARA SOSTENER EL ESTADO Y QUÉ SERVICIOS RECIBE A CAMBIO?

También existe una discusión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que ofrece beneficios a proyectos que cumplen determinadas condiciones.

Eso plantea preguntas sobre el tratamiento de las inversiones de menor escala.

¿Existen incentivos suficientes para las empresas locales?

¿Se simplifican sus obligaciones?

¿Se promueve su crecimiento?

Estas preguntas alcanzan tanto a la Nación como a las provincias.

MILEI Y KICILLOF: DOS CONCEPCIONES DEL ESTADO BAJO EXAMEN

Javier Milei sostiene un programa orientado al equilibrio fiscal, la desregulación y la reducción de determinadas estructuras estatales.

Axel Kicillof defiende una participación más amplia del Estado en la producción, los servicios y la inversión pública.

Son enfoques diferentes.

Pero ninguno debería evaluarse únicamente por sus discursos.

El programa nacional debe examinarse por sus efectos sobre la inflación, los ingresos, el empleo, el consumo y la actividad económica.

La gestión bonaerense debe examinarse por la calidad de sus servicios, la sostenibilidad de sus cuentas, las inversiones y los resultados de sus empresas.

UN ESTADO MÁS PEQUEÑO NO ES AUTOMÁTICAMENTE MÁS EFICIENTE. UN ESTADO MÁS GRANDE TAMPOCO ES AUTOMÁTICAMENTE MÁS JUSTO.

La cuestión es qué resultados consigue cada administración y a qué costo.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LOS CONTROLES QUE DEBEN FUNCIONAR

Las observaciones administrativas sobre el Astillero Río Santiago también merecen seguimiento.

Las compras, contrataciones y decisiones presupuestarias deben estar sujetas a mecanismos de control.

Corresponde conocer qué observaciones formuló el Tribunal de Cuentas, a qué ejercicios corresponden y qué respuestas ofrecieron los funcionarios responsables.

Una observación administrativa no equivale automáticamente a un delito.

Pero tampoco debería desaparecer del debate público sin una explicación.

LA TRANSPARENCIA NO TERMINA CUANDO SE PUBLICA EL PRESUPUESTO. EMPIEZA CUANDO SE EXPLICA CÓMO SE EJECUTÓ.

EL 2027 SE ACERCA Y LAS CUENTAS NO PUEDEN ESPERAR

Axel Kicillof participa de las discusiones sobre el futuro del peronismo.

Su eventual proyección nacional forma parte del escenario político.

Pero las aspiraciones electorales no suspenden las responsabilidades actuales.

Buenos Aires tiene empresas, organismos, presupuestos y servicios que deben ser administrados.

Los bonaerenses pueden exigir explicaciones sobre cada uno de ellos.

Lo mismo corresponde a Milei por la administración nacional.

Y a los intendentes por sus municipios.

LA CAMPAÑA ELECTORAL NO PUEDE REEMPLAZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

🦫 REFLEXIÓN CAPIBARA: ¿QUIÉN PAGA Y QUIÉN RESPONDE?

Una empresa pública no es necesariamente un problema.

Puede prestar servicios esenciales, sostener capacidades industriales y generar beneficios sociales que no aparecen directamente en su balance.

Pero tampoco debería quedar exenta de controles por pertenecer al Estado.

Si necesita aportes, debe explicar para qué.

Si incorpora trabajadores, debe justificar sus funciones.

Si proyecta inversiones, debe informar sus avances.

Si presenta pérdidas, debe explicar sus causas.

Y si existen irregularidades, deben investigarse con documentación y garantías.

EL DINERO PÚBLICO NO ES DINERO SIN DUEÑO.

Proviene de los recursos que administra el Estado y debe utilizarse conforme a objetivos públicos.

Mientras la política discute quién ocupará el sillón de Rivadavia en 2027, hay preguntas que necesitan respuesta ahora.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS EMPRESAS PÚBLICAS BONAERENSES?

¿QUÉ PRODUCEN?

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAN?

¿Y QUIÉN CONTROLA QUE CADA PESO SE UTILICE PARA CUMPLIR ESOS OBJETIVOS?

Porque los discursos pueden defender distintos modelos económicos.

Pero los resultados deben poder mostrarse.