LA ECONOMÍA QUE VIENE: EL ORDEN FISCAL Y LAS INVERSIONES DEL GOBIERNO DE MILEI ABREN UNA OPORTUNIDAD PARA ARGENTINA

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027, la discusión política argentina comienza a girar alrededor de una cuestión que hasta hace pocos años parecía difícil de imaginar: la posibilidad de que el próximo gobierno reciba una economía con mayor orden fiscal y una cartera de grandes proyectos de inversión. Más allá de las diferencias ideológicas, existen avances de la gestión de Javier Milei que merecen ser reconocidos, particularmente en materia de equilibrio de las cuentas públicas, desarrollo energético y generación de condiciones para atraer capitales de largo plazo.

Uno de los principales cambios impulsados por el Gobierno nacional fue la decisión de reducir el déficit fiscal y sostener una política de mayor disciplina presupuestaria. Argentina arrastra décadas de crisis recurrentes, inflación elevada, dificultades para conseguir financiamiento y restricciones externas que condicionaron sucesivamente a gobiernos de diferentes signos políticos. El ordenamiento fiscal constituye un avance importante frente a esa historia, aunque su sostenibilidad también dependerá de que la estabilidad pueda convivir con crecimiento económico, recuperación de ingresos y servicios públicos adecuados.

Otro punto relevante es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta promovida durante la actual administración para facilitar proyectos de gran escala. Según los datos difundidos del programa, las iniciativas presentadas superan los 200.000 millones de dólares, mientras que los proyectos aprobados representan inversiones anunciadas por más de 56.000 millones. Los sectores de minería, petróleo, gas, energía e infraestructura concentran buena parte de estas propuestas. Es importante distinguir que no se trata de 200.000 millones de dólares ya ingresados al país: una parte corresponde a proyectos todavía sujetos a evaluación, ejecución y desembolsos futuros.

El potencial económico es significativo. Vaca Muerta, la producción minera y las exportaciones energéticas podrían contribuir a generar los dólares que Argentina necesita para reducir una de sus vulnerabilidades históricas: la escasez de divisas. Además, las proyecciones vinculadas con el RIGI contemplan la posibilidad de generar miles de empleos directos e indirectos durante los próximos años. Sin embargo, esas estimaciones deberán comprobarse a medida que las inversiones se materialicen. El desafío no consiste solamente en atraer capitales, sino en conseguir que su impacto alcance a proveedores nacionales, trabajadores, pequeñas empresas y economías regionales.

Precisamente allí aparece una de las principales deudas pendientes del modelo económico. Mientras determinados sectores muestran perspectivas favorables, otras actividades atraviesan dificultades relacionadas con la producción, el consumo y el empleo formal. Reconocer los resultados positivos del Gobierno no significa desconocer esos problemas. Por el contrario, una política económica exitosa debería lograr que el equilibrio fiscal y las grandes inversiones se traduzcan progresivamente en mejores oportunidades laborales, salarios con mayor poder adquisitivo y crecimiento de la actividad productiva.

Este escenario también modifica la disputa política. Si las inversiones avanzan y la estabilidad se consolida, quien asuma la Presidencia en diciembre de 2027 podría encontrarse con condiciones económicas más favorables que las recibidas por administraciones anteriores. En ese contexto, el oficialismo buscará presentar los resultados de su gestión como argumento para continuar gobernando, mientras que la oposición deberá construir una propuesta capaz de reconocer los avances y ofrecer soluciones a los problemas que persisten. El debate no debería limitarse a quién capitalizará políticamente una eventual recuperación, sino a cómo garantizar que sus beneficios lleguen a la sociedad.

La Argentina necesita aprender a reconocer los aciertos de sus gobiernos sin convertir ese reconocimiento en una adhesión incondicional. Si la administración de Javier Milei logra dejar cuentas públicas más ordenadas, inversiones efectivamente realizadas y una mayor capacidad exportadora, esos resultados deberán formar parte de su balance positivo. Pero la evaluación definitiva dependerá también de cuánto empleo se genere, cómo evolucionen los ingresos y si la estabilidad puede sostenerse en el tiempo. Un país no progresa cuando cada nuevo gobierno intenta destruir lo que hizo el anterior, sino cuando conserva lo que funciona, corrige lo que falla y construye sobre los avances alcanzados.