La ley llegó antes que las camas: Buenos Aires frenó el Régimen Penal Juvenil y ahora Kicillof tiene que explicar qué hizo para prepararse

La nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil llevaba apenas 48 horas en vigencia.

Dos días.

Y en la provincia de Buenos Aires ya apareció el primer gran problema.

No porque faltara una ley.

No porque el Congreso no hubiera legislado.

No porque nadie supiera que adolescentes de 14 y 15 años comenzarían a ingresar al sistema penal.

El problema que acaba de señalar la propia Justicia es mucho más básico:

¿dónde los van a alojar?

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y suspendió durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

¿El argumento?

Los dispositivos provinciales no estarían actualmente en condiciones de recibir una mayor cantidad de adolescentes privados de la libertad sin poner en riesgo derechos fundamentales.

Traducido al castellano de la calle:

la Nación cambió la ley y la Provincia llegó al estreno diciendo que no tenía lugar suficiente.

Y ahí Capibara tiene algunas preguntas.

Muchas.

 

¿Nadie sabía que esta ley venía?

Porque acá no cayó un meteorito.

La discusión sobre la baja de la edad de responsabilidad penal llevó meses.

Hubo debate político.

Hubo discusión parlamentaria.

Hubo especialistas hablando.

Hubo oficialistas.

Hubo opositores.

Hubo medios.

Hubo advertencias.

Hubo tiempo.

Y finalmente hubo una ley.

La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre.

El 7 de septiembre la Provincia ya tenía suspendida su aplicación durante 60 días por una decisión judicial.

Cuarenta y ocho horas.

Ni siquiera llegó al tercer día.

Entonces quizás antes de discutir nuevamente si bajar la edad era bueno o malo corresponda hacer una pregunta mucho más sencilla al Gobierno bonaerense:

¿qué hizo la Provincia para prepararse?

 

Porque plata para Seguridad y cárceles estaba prevista

Y acá empieza la parte incómoda.

Cuando Axel Kicillof presentó el Presupuesto bonaerense 2026, la propia Provincia informó una inversión de $1,4 billones para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense.

No lo dijo Milei.

No lo dijo Bullrich.

No lo dijo Capibara Press.

Lo publicó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Además, existe desde hace años un Plan de Infraestructura Penitenciaria.

Según información oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense, el programa contemplaba 12.000 nuevas plazas.

Para entonces ya se informaban miles de plazas construidas y otras tantas proyectadas.

Perfecto.

Entonces hagamos la pregunta que nadie parece querer hacer:

¿y el sistema penal juvenil?

Porque construir cárceles para adultos mientras advertimos que no tenemos capacidad suficiente para adolescentes que ingresarán al nuevo régimen deja, como mínimo, un problema de planificación.

La Provincia sabía que la legislación estaba cambiando.

Sabía que podía aumentar la cantidad de jóvenes sometidos al proceso penal.

Sabía que eso requeriría lugares especializados.

Sabía que esos lugares no pueden ser una celda cualquiera.

Sabía que necesitan profesionales.

Educación.

Tratamiento.

Seguridad.

Personal especializado.

Infraestructura.

Y presupuesto.

Entonces:

¿qué se hizo?

 

La jueza no inventó el problema

También seamos justos.

Es muy fácil pegarle a la magistrada y decir:

“Garantismo”.

Pero el fallo plantea un problema que existe independientemente de nuestra opinión sobre la nueva ley.

La propia jueza viene monitoreando desde hace años las condiciones de alojamiento juvenil.

Incluso había limitado a 60 adolescentes la capacidad de un centro socioeducativo de Lomas de Zamora por las condiciones existentes.

Y ahora sostiene que el sistema bonaerense no está preparado para absorber más ingresos sin agravar esas condiciones.

Entonces podemos discutir jurídicamente si correspondía suspender una ley nacional en toda la Provincia.

Podemos discutir el alcance del hábeas corpus.

Podemos discutir si la decisión será apelada.

Podemos discutir absolutamente todo.

Pero hay una pregunta que queda parada en el medio de la habitación:

si mañana la suspensión desaparece, ¿dónde van a alojar a los nuevos detenidos?

Porque un fallo puede revocarse.

Una cama no aparece por sentencia judicial.

 

Y Mar del Plata tardó horas en demostrar que el problema no era teórico

Mientras los escritorios discutían cómo implementar la nueva legislación, la calle hizo lo suyo.

En Mar del Plata, durante la noche del sábado, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron encontrados escondidos dentro de un galpón.

Habían ingresado al predio de una propiedad.

La Policía secuestró un revólver calibre .32 largo.

El fiscal Walter Martínez Soto los imputó por robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado y portación de arma de uso civil.

Y pidió que el adolescente de 15 años permaneciera detenido.

La jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el pedido.

El chico recuperó la libertad.

Pero continúa sometido al proceso.

Aclaremos algo porque también acá aparecen titulares tramposos:

imputable no significa automáticamente preso.

La nueva ley permite procesar penalmente a un adolescente desde los 14 años.

No significa que todo chico acusado de un delito deba quedar detenido hasta el juicio.

La prisión preventiva continúa siendo una decisión judicial.

Hasta ahí, derecho procesal.

Pero el episodio demuestra otra cosa.

Los casos iban a llegar.

Y llegaron.

Horas después.

 

La política discutió la edad. ¿Alguien contó las camas?

Ese quizás sea el verdadero fracaso argentino.

Durante meses discutimos:

14. 

15. 

16. 

“Delito de adulto”.

“Derechos del niño”.

“Mano dura”.

“Garantismo”.

Televisión.

Twitter.

Congreso.

Discursos.

Pero aparentemente faltó una pregunta bastante aburrida:

¿cuántos lugares tenemos?

¿Cuántos centros?

¿Cuántas plazas?

¿Cuántos operadores?

¿Cuántos psicólogos?

¿Cuántos docentes?

¿Cuántos médicos?

¿Cuántos agentes especializados?

¿Cuánto cuesta cada adolescente ingresado al sistema?

¿Cuántos ingresos adicionales proyectó la Provincia con la nueva legislación?

¿Dónde iban a ser alojados?

Eso no entra en un eslogan.

Pero administra un Estado.

 

Kicillof ahora tiene una oportunidad magnífica

La jueza convocó para el 16 de septiembre a funcionarios de las principales áreas del Ejecutivo bonaerense.

Deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar la nueva normativa.

Excelente.

Entonces que vayan.

Y que lleven números.

No discursos.

Queremos saber cuántas plazas existen hoy.

Cuántas están ocupadas.

Cuántas faltan.

Cuántas se construirán.

Dónde.

Cuándo.

Cuánto cuestan.

Cuánto presupuesto existe.

Cuántos profesionales serán incorporados.

Y cuál era el plan provincial antes de que apareciera este hábeas corpus.

Esa última pregunta es fundamental.

Porque una cosa es tener un plan previo.

Otra muy diferente es empezar a diseñarlo después de que una jueza frenó la ley.

 

$1,4 billones y una pregunta de varios ceros

Tampoco hagamos demagogia barata.

Los $1,4 billones anunciados por la Provincia no corresponden exclusivamente a cárceles.

Comprenden inversión destinada al fortalecimiento de la Policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense.

Y el sistema penal juvenil tiene particularidades y organismos propios.

Perfecto.

Precisamente por eso queremos el desglose.

¿Cuánto se destinó específicamente a preparar el sistema juvenil para la Ley 27.801?

Esa es la cifra interesante.

Porque si fue suficiente, que la Provincia lo demuestre.

Si las instalaciones están preparadas, que lo demuestre.

Si existen plazas disponibles, que las muestre.

Y si no existen...

entonces tenemos un problema bastante más grande que Milei contra Kicillof.

Tenemos un problema de Estado.

 

Porque mientras ellos discuten, alguien vuelve a su casa

La discusión política suele terminar convertida en una pelea ideológica.

El Gobierno nacional dirá:

“Queremos terminar con la impunidad”.

La Provincia podrá responder:

“No existen condiciones”.

La Justicia hablará de derechos fundamentales.

La oposición hablará de inseguridad.

Los especialistas discutirán criminología.

Todo muy interesante.

Pero hay alguien que casi nunca aparece sentado en esa mesa.

La víctima.

El comerciante.

El remisero.

La familia asaltada.

La persona a la que apuntaron con un arma.

La vecina que mira las cámaras porque tiene miedo.

El trabajador que vuelve de noche.

Para ellos el debate académico termina cuando escuchan un ruido en el patio.

 

Derechos para todos

Y acá Capibara quiere ser extremadamente claro.

Los adolescentes privados de libertad tienen derechos.

Por supuesto.

Deben estar alojados dignamente.

Deben estudiar.

Deben recibir tratamiento.

Deben tener posibilidades reales de reinserción.

No queremos depósitos humanos.

No queremos hacinamiento.

No queremos fabricar delincuentes adultos dentro de instituciones estatales.

En eso la jueza tiene un punto imposible de ignorar.

Pero las víctimas también tienen derechos.

El vecino tiene derecho a no ser asaltado.

El comerciante tiene derecho a trabajar.

El remisero tiene derecho a regresar vivo.

La familia tiene derecho a dormir.

Y un adolescente también tiene derecho a que el Estado intervenga antes de que termine empuñando un revólver dentro de un galpón.

Esa también es responsabilidad estatal.

 

El fracaso empieza mucho antes de la detención

Quizás ahí encontremos el verdadero problema.

Cuando un chico de 14 o 15 años entra armado a cometer un delito, el Estado probablemente llegó tarde varias veces.

Llegó tarde la escuela.

Llegó tarde el sistema de protección.

Llegó tarde la familia cuando podía intervenir.

Llegaron tarde los organismos sociales.

Llegó tarde la prevención.

Y finalmente llega la Policía.

Después llega el fiscal.

Después el juez.

Y recién entonces descubrimos que tampoco tenemos dónde alojarlo.

Es casi una metáfora perfecta.

 

¿Dónde estaban las prioridades?

Esta pregunta sí se la hacemos directamente al gobernador Axel Kicillof.

No afirmamos conocer cuáles son sus “verdaderos intereses”.

Eso sería hacer periodismo de adivinación.

Preguntamos algo mucho más incómodo:

¿qué prioridad tuvo preparar el sistema penal juvenil bonaerense para una reforma que todos sabían que venía?

Porque gobernar también es anticiparse.

No solamente reaccionar.

Si mañana llueve y descubrimos que no arreglamos los desagües, podemos culpar a la tormenta.

Pero la tormenta no administra el presupuesto.

Si una ley amplía el universo de adolescentes sometidos al sistema penal y descubrimos que no tenemos capacidad suficiente, podemos discutir la ley.

Pero alguien administra los dispositivos provinciales.

Y ese alguien es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

 

? Capibara Reflexiona

La jueza Marta Elba Pascual acaba de poner sobre la mesa una bomba política mucho más interesante que la discusión sobre garantismo.

Dice que la Provincia no está preparada.

Perfecto.

Entonces queremos saber por qué.

No queremos que hacinen adolescentes.

Pero tampoco queremos que la solución a no tener lugares sea simplemente que nadie pueda ocuparlos.

No queremos cárceles medievales.

Queremos instituciones suficientes.

No queremos chicos abandonados dentro de una celda.

Queremos educación, tratamiento y reinserción.

Pero también queremos consecuencias.

Porque responsabilidad penal sin capacidad estatal corre el riesgo de convertirse en otra hermosa ley argentina que funciona perfectamente...

hasta que toca la realidad.

Kicillof administra la provincia más poblada del país.

Tiene presupuesto.

Tiene ministerios.

Tiene organismos.

Tiene funcionarios.

Tiene un sistema penitenciario.

Tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil.

Y sabía que la legislación nacional estaba cambiando.

Entonces ahora no queremos escuchar solamente:

“No hay condiciones”.

Queremos saber:

¿por qué no las hay?

Y, sobre todo:

¿cuándo las va a haber?

Porque la inseguridad no se suspende durante 60 días.

Los delincuentes tampoco reciben una cautelar que les ordene esperar.

Y mientras el Estado discute quién tiene la competencia, quién paga, quién construye y quién tiene razón...

la calle sigue funcionando las 24 horas.

La ley llegó.

Los primeros casos también.

Lo que aparentemente todavía estamos esperando es que llegue el Estado.