Malvinas: ni Milei inventó la pólvora ni Cristina recuperó las islas

Hay algo fascinante en la política argentina.

Podemos discutir durante tres horas quién inventó una ley y dedicar aproximadamente treinta segundos a preguntarnos si esa ley funciona.

Con Malvinas está ocurriendo exactamente eso.

Después de los anuncios de Javier Milei contra las empresas vinculadas a la explotación ilegal de hidrocarburos alrededor de las islas apareció rápidamente una respuesta desde sectores opositores:

“Eso ya lo hizo Cristina”.

Correcto.

Pero solamente a medias.

Porque la Ley 26.659 efectivamente fue sancionada en marzo de 2011, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Y posteriormente, en 2013, la legislación fue endurecida incorporando incluso sanciones penales.

Eso es historia.

No opinión.

La legislación argentina ya establecía que ninguna persona o empresa podía realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.

Tampoco podía participar directa o indirectamente en empresas que lo hicieran.

Ni prestarles determinados servicios.

Ni realizar operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de asesoramiento destinadas a facilitar esas actividades.

Las sanciones tampoco eran precisamente decorativas.

La legislación contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y, después de las modificaciones de 2013, hasta penas de prisión para determinadas conductas.

Entonces sí:

Milei no inventó las sanciones por Malvinas.

Perfecto.

¿Terminamos?

No.

Porque ahora viene la parte que algunos titulares convenientemente dejan afuera.

Que una herramienta exista no significa que un gobierno no pueda utilizarla de manera diferente, ampliar su alcance práctico o modificar la estructura administrativa encargada de aplicarla.

Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.

El Decreto 868/2026 trasladó la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 a la Cancillería argentina.

Además, ordenó a los organismos de la Administración Pública Nacional informar situaciones que puedan constituir infracciones.

Pero todavía hay algo bastante más interesante.

El Gobierno acaba de iniciar procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, relacionados presuntamente con actividades hidrocarburíferas alrededor de Malvinas.

No solamente contra las petroleras.

También contra accionistas y empresas que les estarían proporcionando servicios.

Ahí empieza la verdadera discusión.

Porque una cosa es tener una ley guardada en el Boletín Oficial.

Otra es convertirla en un problema económico para quien decide participar del negocio petrolero británico alrededor de Malvinas.

Y ahí Capibara tiene una pregunta bastante sencilla:

¿qué estamos discutiendo exactamente?

¿Quién tuvo primero la idea?

¿O cómo conseguimos que explotar recursos argentinos sin autorización tenga un costo cada vez mayor?

Porque si mañana Milei utiliza correctamente una herramienta creada durante el kirchnerismo, Argentina gana.

Y si pasado mañana un gobierno peronista mejora una herramienta creada durante el gobierno de Milei, Argentina también gana.

Eso se llama:

política de Estado.

Parece un concepto revolucionario en nuestro país.

No debería serlo.

Cristina puso una herramienta sobre la mesa

Reconozcámoslo.

La Ley 26.659 fue una herramienta importante dentro de la estrategia argentina contra la explotación unilateral de hidrocarburos.

Negarlo porque fue aprobada durante un gobierno kirchnerista sería intelectualmente ridículo.

Pero de ahí a transformar esa ley en una especie de certificado de propiedad política sobre Malvinas existe una distancia enorme.

Porque Malvinas no empezó en 2011.

Ni en 2003.

Ni en 1982.

Ni siquiera en 1945.

La disputa viene de muchísimo antes que Cristina Kirchner, Javier Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández y prácticamente toda la dirigencia política argentina contemporánea.

Entonces bajemos un poquito las banderas partidarias.

Cristina no inventó Malvinas.

Milei tampoco.

Y Milei tampoco está simplemente fotocopiando una ley vieja

Ahí aparece el otro extremo.

Decir que Milei acaba de descubrir cómo sancionar empresas extranjeras sería igualmente falso.

La herramienta jurídica ya existía.

Incluso había sido aplicada anteriormente.

El propio Decreto 868 reconoce que desde la sanción de la legislación fueron declaradas ilegales las actividades de diez empresas y que algunas fueron inhabilitadas.

Entonces no hay necesidad de reescribir la historia.

Pero tampoco corresponde fingir que nada cambió.

Cambió la autoridad encargada de aplicar el régimen.

Cambió la decisión política de acelerar procedimientos.

Y acaba de ampliarse enormemente el universo bajo investigación:

45 sujetos.

Empresas.

Personas.

Accionistas.

Prestadores de servicios.

Ese número merece bastante más atención que la discusión sobre quién puede sacarse una fotografía con la ley.

Porque ahí puede estar la verdadera arma

No hablamos de misiles.

Hablamos de negocios.

Y quizá ahí exista una herramienta mucho más interesante.

Una petrolera internacional puede ignorar perfectamente un discurso argentino.

Puede ignorar un comunicado.

Puede ignorar una declaración parlamentaria.

Puede incluso ignorar una protesta diplomática.

Pero hay algo que las empresas difícilmente ignoran:

el dinero.

Supongamos que participar en Sea Lion empieza a implicar riesgos comerciales en Argentina.

Supongamos que proveedores internacionales tienen que elegir entre participar de un proyecto alrededor de Malvinas o mantener determinados negocios argentinos.

Supongamos que bancos, aseguradoras, empresas logísticas, consultoras, accionistas o proveedores empiezan a preguntarse:

“¿Vale la pena meternos?”

Ahí cambia el tablero.

No porque mañana desaparezca la bandera británica de las islas.

No vendamos humo.

Sino porque aumenta el costo económico de consolidar la explotación.

Y la soberanía también se disputa haciendo cuentas.

Entonces hagamos la pregunta prohibida

Si la ley era tan buena...

¿por qué después de quince años estamos discutiendo un proyecto petrolero que pretende producir hidrocarburos alrededor de Malvinas?

Ahí debería empezar el debate serio.

No para culpar exclusivamente a Cristina.

Ni a Macri.

Ni a Alberto.

Ni a Milei.

Pasaron gobiernos de diferentes colores políticos.

Y el Reino Unido siguió avanzando.

Eso debería enseñarnos algo.

Una ley sola no recupera soberanía.

Un cartel tampoco.

Un discurso tampoco.

Una cadena nacional tampoco.

Una publicación diciendo “Las Malvinas son argentinas” tampoco.

Todo sirve.

Nada alcanza por sí mismo.

En la cancha se ven los pingos

Venimos utilizando esta frase porque cada día parece más apropiada.

Cristina tuvo su oportunidad.

Macri tuvo la suya.

Alberto Fernández también.

Ahora le toca a Milei.

No nos interesa demasiado quién consigue más aplausos retrospectivos.

Queremos saber qué funciona.

Si las sanciones de 2011 funcionaron, mantengámoslas.

Si las modificaciones de 2013 las hicieron más fuertes, perfecto.

Si Milei consigue ampliar su efectividad en 2026, mejor.

Y si el próximo presidente encuentra una herramienta todavía más efectiva, que la use.

Porque hay algo que parece increíble tener que explicar:

Malvinas no es propiedad intelectual de ningún gobierno.

Ni “todo lo hizo Cristina” ni “todo empezó con Milei”

Los dos relatos son cómodos.

Y los dos son incompletos.

Un sector quiere presentar cualquier medida actual como un reciclaje de políticas kirchneristas.

El otro podría caer en la tentación de presentar cada movimiento como si Argentina hubiera descubierto Malvinas en diciembre de 2023.

No.

La política exterior de un país serio funciona acumulando herramientas.

Un gobierno construye una base.

Otro la amplía.

Otro corrige errores.

Otro encuentra aliados.

Otro sanciona.

Otro negocia.

Y lentamente aumenta la capacidad del Estado.

Eso es exactamente lo que deberíamos exigir.

La pregunta ahora es si va a doler

Porque sancionar 45 nombres en un expediente puede producir un excelente comunicado.

Pero queremos saber qué sucede después.

¿Las sanciones van a complicar efectivamente las operaciones?

¿Alguna empresa internacional abandonará el proyecto?

¿Algún proveedor decidirá que el mercado argentino vale más que Sea Lion?

¿Algún banco reconsiderará financiar determinadas operaciones?

¿Alguna aseguradora calculará nuevamente el riesgo?

¿Argentina conseguirá aliados internacionales?

¿Habrá consecuencias comerciales reales?

Ahí vamos a saber si la política funciona.

Porque anunciar 45 investigaciones es importante.

Pero conseguir que una empresa número 46 diga:

“Con Malvinas no me meto porque Argentina me puede complicar el negocio”

sería muchísimo más importante.

Ese es el verdadero efecto disuasorio.

Y ahí queremos ver a Milei

Porque tampoco vamos a regalarle el partido al Presidente antes de jugarlo.

El Gobierno decidió endurecer la estrategia.

Perfecto.

Ahora demuéstrelo.

Tiene una legislación construida durante gobiernos anteriores.

Tiene herramientas penales incorporadas posteriormente.

Tiene Cancillería como nueva autoridad de aplicación.

Tiene 45 procedimientos iniciados.

Tiene el conflicto Sea Lion delante.

Ahora queremos resultados.

Porque si dentro de dos años Sea Lion produce petróleo normalmente, las compañías siguen trabajando tranquilamente y las sanciones solamente sirvieron para producir titulares...

entonces habremos perdido nuevamente.

Aunque el comunicado haya sido precioso.

? Capibara Reflexiona

Quizás la discusión sobre Malvinas pueda enseñarnos algo que Argentina todavía no aprendió.

No todo tiene que empezar de cero cada cuatro años.

La Ley 26.659 nació durante Cristina Fernández de Kirchner.

Bien.

Fue endurecida posteriormente.

Bien.

Otros gobiernos mantuvieron el reclamo.

Bien.

Milei ahora quiere utilizar y ampliar esas herramientas.

También bien.

¿Saben qué sería todavía mejor?

Que dentro de veinte años otro presidente pueda mirar hacia atrás y decir:

“Esto empezó antes que nosotros, lo mejoramos y ahora funciona mejor”.

Eso hacen los Estados.

Los gobiernos pasan.

Las políticas de Estado quedan.

Así que guardemos por cinco minutos las camisetas.

A Cristina reconozcámosle lo que corresponde.

A Milei también.

Y después pongamos a ambos bajo exactamente la misma vara:

resultados.

Porque una ley no recupera Malvinas.

Un Presidente tampoco.

Una generación probablemente tampoco.

Pero cada generación puede dejar a la siguiente un país un poco mejor parado.

Ahí está la verdadera soberanía.

No importa demasiado quién puso el primer ladrillo.

Importa que nadie vuelva a tirar abajo la pared porque el ladrillo lo puso el partido contrario.

Las Malvinas no empezaron con Cristina.

No empezaron con Milei.

Y tampoco terminarán con ninguno de los dos.

Son argentinas antes, durante y después de todos ellos.

Ahora hagamos que esa frase pese cada vez más en el mundo real.

Porque en la política abundan los relatos.

En la cancha, como siempre, se ven los pingos.