MALVINAS NO EMPEZÓ CON MILEI NI CON CRISTINA: QUÉ CAMBIA REALMENTE CON LAS NUEVAS SANCIONES ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO

Después de la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas comenzó a circular una discusión política bastante previsible.

Desde sectores opositores se recordó que la Ley 26.659, utilizada por Argentina para sancionar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el área de las Islas Malvinas, no fue creada por el actual gobierno.

Es cierto.

La legislación nació durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero de ese dato verdadero comenzó a desprenderse una interpretación mucho más discutible: que Milei simplemente estaría presentando como propia una política creada por el kirchnerismo.

Y allí empiezan los problemas.

Porque una cosa es la legislación existente y otra son las modificaciones, ampliaciones y mecanismos de aplicación anunciados ahora.

LA LEY 26.659 EXISTE DESDE 2011

Argentina no comenzó a sancionar empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos alrededor de Malvinas con Javier Milei.

La Ley 26.659 estableció condiciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Las compañías que desarrollaran esas actividades sin autorización argentina podían ser consideradas ilegales y recibir sanciones.

Posteriormente, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley 26.915 modificó y endureció ese régimen.

Por lo tanto, atribuirle a Milei la creación original del sistema sería históricamente incorrecto.

Argentina ya tenía esas herramientas.

Y fueron utilizadas.

Distintas compañías vinculadas con operaciones hidrocarburíferas en el área disputada fueron sancionadas durante gobiernos anteriores.

Rockhopper Exploration, una de las compañías que vuelve a encontrarse actualmente en el centro de la discusión por el proyecto Sea Lion, tiene antecedentes de sanciones argentinas desde hace años.

Hasta allí, la publicación que reivindica el origen kirchnerista de la legislación señala un hecho real.

Pero falta contar la otra mitad.

¿ENTONCES QUÉ ANUNCIÓ MILEI?

Milei no anunció la creación desde cero de un régimen de sanciones contra las petroleras.

Anunció utilizar, acelerar, modificar y ampliar las herramientas que Argentina ya posee.

Una de las medidas anunciadas fue mejorar la coordinación entre organismos estatales para acelerar la identificación y aplicación de sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales por Argentina.

Esto puede parecer simplemente burocrático, pero tiene importancia.

Una ley puede establecer una sanción.

Otra cuestión completamente diferente es cuánto tarda el Estado en detectar una infracción, reunir información, tramitar el expediente y finalmente aplicarla.

La intención anunciada es reducir esos tiempos.

LA DIFERENCIA MÁS IMPORTANTE: LOS PROVEEDORES

Aquí aparece probablemente la principal diferencia con el esquema original.

Un gran proyecto petrolero offshore no funciona solamente gracias a la compañía que posee la concesión.

Necesita barcos.

Logística.

Helicópteros.

Ingeniería.

Equipamiento.

Seguros.

Servicios portuarios.

Tecnología.

Financiamiento.

Mantenimiento.

Transporte.

Una enorme cadena empresarial hace posible la explotación.

La estrategia anunciada por el Gobierno apunta precisamente a aumentar el costo de participar en esa cadena.

Es decir, no mirar solamente a quien extrae el petróleo.

También mirar a quien hace posible que pueda extraerlo.

Ese cambio puede tener consecuencias mucho más amplias.

UN EJEMPLO SENCILLO

Supongamos que una empresa extranjera participa directamente de una explotación petrolera alrededor de Malvinas sin autorización argentina.

La legislación existente permite que Argentina avance contra esa compañía.

Pero imaginemos ahora que otra empresa no extrae una sola gota de petróleo.

Simplemente proporciona barcos, equipamiento o logística indispensable para que la primera pueda hacerlo.

Allí aparece la discusión sobre el nuevo alcance.

La estrategia anunciada pretende ampliar la capacidad argentina para actuar también frente a empresas que colaboren materialmente con actividades consideradas ilegales.

Por eso no estamos hablando exactamente de lo mismo.

La base jurídica existe desde hace años.

Lo que se pretende modificar es su alcance y funcionamiento.

SEA LION CAMBIÓ LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

Existe además una diferencia enorme entre 2011 y 2026.

El proyecto Sea Lion se encuentra actualmente mucho más avanzado.

Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum impulsan un desarrollo petrolero que Argentina considera unilateral e ilegítimo por encontrarse dentro del área cuya soberanía se encuentra disputada.

Por eso el problema dejó de ser solamente la posibilidad de que algún día exista explotación comercial.

Argentina enfrenta ahora un proyecto concreto que pretende producir petróleo.

Y eso obliga a actualizar la estrategia.

Una legislación creada hace quince años puede continuar siendo perfectamente válida y, simultáneamente, necesitar modificaciones para responder a una realidad económica diferente.

MILEI TAMBIÉN ANUNCIÓ COSAS QUE NO SON LA LEY 26.659

Este es otro punto que suele perderse cuando toda la cadena nacional se reduce a una discusión sobre quién creó determinada ley.

El mensaje presidencial fue mucho más amplio.

Milei anunció una estrategia relacionada con la protección de infraestructura crítica y la seguridad nacional.

Habló del fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Anunció mayores recursos para avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

Planteó mejorar capacidades marítimas y aeroespaciales.

Y presentó una estrategia de coordinación entre Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y otras áreas del Estado.

Podemos discutir si esas medidas serán efectivamente ejecutadas.

Pero claramente no son simplemente una repetición de una ley petrolera sancionada en 2011.

¿CRISTINA HIZO ALGO IMPORTANTE ENTONCES?

Sí.

Y reconocerlo no debería representar ningún problema.

Durante los gobiernos kirchneristas Argentina desarrolló herramientas legales destinadas a aumentar el costo de las actividades hidrocarburíferas británicas alrededor de Malvinas.

La Ley 26.659 forma parte de ellas.

Negarlo solamente porque actualmente gobierna Milei sería absurdo.

De la misma manera sería absurdo sostener que, porque esa legislación nació durante el kirchnerismo, un gobierno posterior no puede utilizarla, mejorarla o endurecerla.

Precisamente eso significa una política de Estado.

UNA POLÍTICA DE ESTADO NO SE REINICIA CADA CUATRO AÑOS

Este posiblemente sea el punto más importante de toda la discusión.

Argentina tiene una pésima costumbre política.

Cada gobierno intenta presentar todo lo anterior como inútil y cada oposición intenta demostrar que todo lo que hace el nuevo gobierno ya había sido inventado anteriormente.

Malvinas debería escapar de esa lógica.

Si Cristina Fernández impulsó una herramienta útil para defender los intereses argentinos, el gobierno siguiente debería conservarla.

Si Mauricio Macri consiguió algún mecanismo diplomático útil, debería evaluarse antes de eliminarlo solamente porque pertenece al gobierno anterior.

Si Alberto Fernández desarrolló una política que fortalece jurídicamente el reclamo, debería continuar.

Y si Javier Milei consigue ampliar las sanciones, dificultar Sea Lion, mejorar la vigilancia del Atlántico Sur o construir infraestructura estratégica en Tierra del Fuego, el próximo presidente debería conservar aquello que funcione.

Eso es continuidad institucional.

LAS MALVINAS NO CAMBIAN DE SOBERANÍA CADA CUATRO AÑOS

La Constitución argentina establece el reclamo sobre las Islas Malvinas como un objetivo permanente.

Por eso resulta extraño convertir cada medida relacionada con las islas en una competencia para determinar qué partido puede adjudicársela.

La Ley 26.659 fue sancionada durante Cristina Fernández.

Es un hecho.

Las modificaciones posteriores también forman parte de esa historia.

Las sanciones aplicadas por diferentes gobiernos también.

Y las nuevas herramientas anunciadas por Milei, si finalmente son aprobadas e implementadas, pasarán a formar parte exactamente del mismo proceso.

No existe contradicción.

Existe continuidad.

LO QUE REALMENTE DEBERÍAMOS DISCUTIR

En lugar de preguntar quién puede quedarse con el mérito político de una ley de 2011, quizás habría que formular preguntas mucho más importantes.

¿Las sanciones funcionaron?

¿Las empresas sancionadas modificaron su comportamiento?

¿Argentina consiguió dificultar el financiamiento de proyectos alrededor de Malvinas?

¿La ampliación hacia proveedores puede aumentar realmente el costo de Sea Lion?

¿Las compañías internacionales tendrán que elegir entre participar de esos proyectos o mantener negocios dentro de Argentina?

¿La Base Naval Integrada se terminará construyendo?

¿Mejorarán las capacidades argentinas para controlar el Atlántico Sur?

Esas preguntas permiten evaluar una política de soberanía.

Determinar quién puede poner su bandera partidaria encima de ella no.

NI DE MILEI NI DE CRISTINA: DEL ESTADO ARGENTINO

La Ley 26.659 nació durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Las nuevas medidas fueron anunciadas durante el gobierno de Javier Milei.

Ambas afirmaciones pueden ser ciertas simultáneamente.

No hace falta borrar una para reconocer la otra.

De hecho, si Argentina pretende sostener durante décadas una disputa de soberanía con una potencia como el Reino Unido, necesitará exactamente eso: políticas capaces de sobrevivir a quienes circunstancialmente ocupan la Casa Rosada.

Un gobierno crea una herramienta.

Otro la mantiene.

Otro la mejora.

Otro incorpora capacidades nuevas.

Y ninguno abandona el objetivo estratégico.

Eso es una política de Estado.

Malvinas no debería necesitar que cada cuatro años Argentina vuelva a empezar desde cero.

Y quizás esa sea precisamente la mejor manera de medir cualquier anuncio presidencial sobre las islas:

no preguntando quién lo hizo primero, sino si fortalece o debilita la posición argentina que deberá continuar el próximo gobierno.