MILEI BAJA LA INFLACIÓN, PERO ARGENTINA SIGUE SIN DESPEGAR: NACIÓN, PROVINCIAS Y UNA POLÍTICA QUE SIEMPRE TIENE EXCUSAS

La inflación desacelera, pero los argentinos todavía esperan que la estabilidad llegue a sus bolsillos. Milei defiende su programa económico, Kicillof cuestiona el ajuste nacional y los gobernadores administran sus propias prioridades. Mientras tanto, los trabajadores, comerciantes y productores enfrentan impuestos, costos, dificultades de financiación y una recuperación desigual. ¿Quién se hace cargo de lo que todavía no funciona?

La inflación baja. Las cuentas de las familias no desaparecen.

Durante años, la inflación argentina destruyó salarios, ahorros y posibilidades de planificación.

Por eso, reducirla es un objetivo económico importante. Sin estabilidad de precios, resulta difícil invertir, producir o establecer contratos de largo plazo.

Pero hay algo que ningún gobierno debería olvidar.

Que los precios aumenten más lentamente no significa que hayan vuelto a bajar.

Una familia que perdió poder adquisitivo durante años no recupera automáticamente su situación anterior porque el índice mensual se reduzca.

El comerciante sigue pagando alquiler, electricidad, impuestos y proveedores.

El trabajador continúa calculando cuánto puede gastar antes de cobrar nuevamente.

Y las pequeñas empresas necesitan ventas, crédito y previsibilidad para contratar personal.

La estabilización es una condición importante para la recuperación.

No es lo mismo que la recuperación.

Milei: ordenar las cuentas no alcanza si la economía cotidiana sigue esperando

Javier Milei construyó su programa económico alrededor de la reducción del déficit fiscal, la disciplina monetaria, la desregulación y la apertura de oportunidades para la inversión.

Es un cambio relevante respecto de las políticas económicas aplicadas durante etapas anteriores.

Pero el Gobierno nacional debe responder por los efectos concretos de sus decisiones.

La caída de la inflación no elimina los problemas de actividad económica, empleo, salarios y financiamiento.

Tampoco garantiza que los beneficios de una eventual recuperación se distribuyan de manera uniforme entre sectores y regiones.

Un programa económico no puede evaluarse únicamente por lo que consigue evitar. También debe evaluarse por las oportunidades que logra generar.

El desafío para Milei es demostrar que la estabilidad puede traducirse en mayor producción, inversión, empleo formal y poder adquisitivo.

Y cuando los resultados no llegan con la velocidad esperada, corresponde explicar por qué.

No todo puede atribuirse a la herencia económica.

No todo puede explicarse por la resistencia política.

El Gobierno nacional tiene instrumentos propios y debe rendir cuentas por cómo los utiliza.

Kicillof: criticar a Nación no reemplaza la gestión provincial

En Buenos Aires, Axel Kicillof mantiene un enfrentamiento político y económico con el Gobierno nacional.

La Provincia cuestiona los recortes de transferencias, la paralización de determinadas obras y el impacto del programa económico sobre la actividad.

Son asuntos que merecen un análisis serio.

Pero existe otra discusión que no puede desaparecer detrás de ese conflicto.

La provincia de Buenos Aires también tiene responsabilidades propias.

Administra impuestos, infraestructura, servicios, procedimientos administrativos y políticas que influyen sobre el costo de producir e invertir.

Entre ellos se encuentra Ingresos Brutos, un tributo provincial cuya estructura puede generar efectos acumulativos sobre las distintas etapas de producción y comercialización.

También existen tasas municipales, habilitaciones y regulaciones que pueden incrementar los costos de funcionamiento de una empresa.

No todas esas cargas dependen de Kicillof. Algunas corresponden a municipios y otras se originan en normas anteriores a su gestión.

Pero el gobernador tiene capacidad de impulsar modificaciones dentro de su jurisdicción.

Cuestionar el ajuste nacional no responde una pregunta fundamental: ¿qué está haciendo la Provincia para reducir los obstáculos que dependen de ella?

La crítica a Milei puede ser legítima.

Pero no constituye, por sí misma, una política de desarrollo económico.

Los gobernadores: todos quieren inversiones, pocos quieren discutir sus propios costos

El problema tampoco termina en Buenos Aires.

Argentina funciona mediante un sistema federal en el que Nación, provincias y municipios tienen competencias tributarias y administrativas diferentes.

Esa organización permite atender necesidades territoriales específicas.

Pero también puede producir superposiciones, trámites complejos y costos que dificultan la actividad económica.

Una empresa puede enfrentar obligaciones nacionales, provinciales y municipales al mismo tiempo.

Y mientras los gobiernos anuncian programas para atraer inversiones, los empresarios deben evaluar cuánto cuesta realmente instalarse, contratar trabajadores, transportar mercadería y mantener sus operaciones.

La pregunta es sencilla.

¿Cuántos gobiernos están dispuestos a revisar sus propios impuestos y regulaciones, en lugar de exigir que el esfuerzo lo haga siempre otra jurisdicción?

Reducir cargas sin evaluar su impacto sobre los servicios públicos tampoco sería responsable.

Pero mantener cualquier tributo simplemente porque genera recaudación tampoco constituye una estrategia de desarrollo.

Se necesita discutir eficiencia del gasto, simplificación administrativa y sostenibilidad fiscal en todos los niveles del Estado.

Los municipios también tienen que mirarse al espejo

Muchas discusiones económicas se concentran en la Casa Rosada y las gobernaciones.

Sin embargo, una parte de los costos que enfrentan comercios y empresas se define mucho más cerca.

Habilitaciones, inspecciones, tasas, permisos y procedimientos municipales pueden facilitar o dificultar una actividad.

Hay municipios que avanzan en la digitalización de trámites y simplificación de requisitos.

Otros mantienen procesos que requieren tiempo, documentación repetida y gastos administrativos.

El problema no es que exista control estatal.

Los controles sanitarios, ambientales y de seguridad cumplen funciones necesarias.

El problema aparece cuando los procedimientos dejan de ser proporcionales al riesgo que buscan prevenir.

Una habilitación debería servir para verificar que una actividad puede desarrollarse correctamente, no convertirse en una carrera interminable de ventanillas.

Y esa discusión corresponde a intendentes de todos los partidos políticos.

El clima: un factor económico que no responde a los discursos

La actividad argentina también depende de condiciones que ningún gobernador ni presidente controla directamente.

Las sequías, inundaciones, heladas y otros fenómenos meteorológicos pueden afectar la producción agropecuaria, el transporte y las exportaciones.

Cuando una cosecha disminuye, pueden reducirse ingresos de productores y actividad en industrias y servicios vinculados al campo.

Cuando una inundación interrumpe caminos, también afecta el movimiento de trabajadores y mercaderías.

Por eso el clima debe incorporarse al análisis económico.

Pero hay una diferencia importante entre reconocer su impacto y utilizarlo como explicación automática de cualquier resultado.

Las autoridades pueden invertir en infraestructura hídrica, mantenimiento de caminos, sistemas de alerta y herramientas de adaptación.

No pueden controlar la lluvia. Sí pueden responder por cómo preparan el territorio para enfrentar sus consecuencias.

Y esa responsabilidad vuelve a involucrar a Nación, provincias y municipios.

La oposición: denunciar problemas no es presentar soluciones

Los partidos opositores también tienen una responsabilidad.

Cuestionar al Gobierno forma parte de la democracia.

Pero una crítica económica debería poder responder preguntas concretas.

¿Qué medidas propone para mejorar el salario real?

¿Cómo financiaría los servicios públicos?

¿Qué impuestos modificaría?

¿Cómo promovería la inversión?

¿Qué haría para aumentar el empleo formal?

Rechazar una política no equivale a presentar una alternativa.

Y prometer mejoras sin explicar su financiación tampoco permite evaluar la viabilidad de una propuesta.

La economía no mejora porque un dirigente encuentre una frase más contundente para atacar a su adversario.

Mejora cuando las decisiones producen resultados verificables.

Los empresarios tampoco están fuera de la discusión

El sector privado necesita reglas claras, seguridad jurídica, infraestructura y acceso al financiamiento.

Pero también tiene responsabilidades.

Competir, invertir, capacitar trabajadores, mejorar procesos y cumplir las obligaciones legales forman parte de una economía productiva.

No todas las dificultades empresariales pueden atribuirse al Estado.

Existen problemas de productividad, gestión, innovación y competencia que también requieren decisiones privadas.

Del mismo modo, los trabajadores necesitan oportunidades reales de capacitación y empleo, no solamente promesas políticas.

La recuperación económica exige condiciones adecuadas y esfuerzos de múltiples sectores.

Ni el Estado puede producir prosperidad por decreto ni el mercado garantiza automáticamente que todas las personas tengan las mismas oportunidades.

? Reflexión Capibara: cuando algo sale mal, todos señalan al vecino

Milei puede mostrar una desaceleración de la inflación.

Kicillof puede señalar los efectos de las decisiones nacionales sobre la Provincia.

Los gobernadores pueden reclamar recursos.

Los intendentes pueden advertir que sus presupuestos son limitados.

Los empresarios pueden denunciar costos.

Y los trabajadores pueden reclamar mejores ingresos.

Todas esas preocupaciones merecen ser escuchadas.

Pero ninguna debería servir para eliminar las responsabilidades propias.

La economía argentina necesita estabilidad, producción, inversión, infraestructura, competencia y un sistema tributario que pueda sostener los servicios públicos sin convertirse en una barrera innecesaria para trabajar.

No existe una sola medida capaz de resolver todo.

Tampoco existe un único responsable de cada dificultad.

Milei debe explicar cómo convertirá la estabilización en crecimiento sostenido. Kicillof debe mostrar qué decisiones provinciales facilitan la actividad económica. Los gobernadores e intendentes deben revisar los costos que generan sus administraciones. Y la oposición debe presentar alternativas concretas.

El ciudadano no necesita que todos se declaren inocentes.

Necesita que cada uno se haga cargo de su parte.

Porque mientras la política discute quién tiene la culpa, los argentinos siguen trabajando, pagando impuestos y esperando resultados.

La inflación puede bajar. Pero para que Argentina despegue, también tienen que mejorar las condiciones para producir, invertir y vivir.

Y eso exige algo más difícil que encontrar culpables.

Exige gobernar, administrar y rendir cuentas.