OSSE LLEVARÁ A LA SUPREMA CORTE EL FALLO QUE ANULÓ EL AUMENTO DEL 142,7% Y ORDENÓ DEVOLVER DINERO A LOS USUARIOS

La batalla judicial por uno de los aumentos más importantes aplicados por Obras Sanitarias en Mar del Plata está lejos de terminar. OSSE confirmó que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires después de que la Justicia volviera a fallar en su contra por el incremento tarifario del 142,7% aplicado a comienzos de 2024.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo de primera instancia que declaró ilegítimo aquel incremento. El motivo central de la decisión judicial no fue determinar si el porcentaje del aumento era económicamente necesario o excesivo, sino la forma en que fue aprobado: la Justicia consideró que no se garantizó previamente una instancia efectiva de información y participación de los usuarios.

El incremento había sido dispuesto en diciembre de 2023 para las primeras cuotas de 2024, en momentos en que OSSE advertía sobre una delicada situación económica y financiera, marcada por la inflación y el fuerte incremento de sus costos operativos.

La empresa municipal sostiene que aquella actualización era necesaria para mantener el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales, además de garantizar las tareas de mantenimiento y las inversiones en infraestructura.

Sin embargo, la Justicia entendió que la necesidad económica de actualizar una tarifa no elimina el derecho de los usuarios a participar previamente en el procedimiento establecido para modificar el valor de un servicio público.

Ese punto terminó siendo determinante tanto en primera como en segunda instancia.

La resolución judicial también tiene una consecuencia económica que podría ser considerable: OSSE deberá restituir a los usuarios los importes cobrados como consecuencia del aumento declarado ilegítimo si finalmente la sentencia queda firme.

La devolución no necesariamente significaría que cada usuario recibirá inmediatamente dinero en efectivo. El fallo contempla que las sumas puedan ser reconocidas mediante créditos aplicados sobre futuras facturas y distribuidas en cuotas, con una modalidad que todavía deberá definirse.

Pero existe otro punto que podría incrementar considerablemente el impacto económico para la empresa. La Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, que inició la demanda, también reclamó una indemnización adicional equivalente al 25% de los importes cobrados indebidamente.

La Cámara dispuso que esa cuestión sea analizada por el juez de primera instancia, por lo que todavía no puede afirmarse que ese 25% adicional vaya efectivamente a ser pagado.

OSSE, por su parte, dejó en claro que la discusión judicial continúa. La empresa presentó recursos extraordinarios con el objetivo de que la controversia llegue hasta la Suprema Corte bonaerense y remarcó que la sentencia todavía no se encuentra firme.

Esto significa que los usuarios no deberían interpretar el fallo actual como una devolución inmediata y definitiva. Antes deberá resolverse la nueva instancia judicial y determinarse si la Suprema Corte acepta intervenir y qué decisión adopta sobre el conflicto.

La empresa también salió a llevar tranquilidad respecto de un posible impacto sobre sus servicios. Aseguró que el abastecimiento de agua, el sistema cloacal y los desagües pluviales continúan funcionando normalmente y que las obras actualmente proyectadas o en ejecución no fueron suspendidas por esta situación.

OSSE sostiene que los recursos provenientes de las tarifas se destinan al mantenimiento de los servicios, las redes, las inversiones y las obras, por lo que cualquier modificación significativa de sus ingresos debe analizarse teniendo en cuenta la sustentabilidad económica de la empresa.

Del otro lado, la asociación de consumidores rechazó que el cumplimiento del fallo necesariamente pueda poner en peligro a Obras Sanitarias.

Los demandantes remarcaron que justamente la posibilidad de devolver los importes mediante créditos y en cuotas permitiría compatibilizar el reconocimiento económico a los usuarios con la continuidad y sustentabilidad del servicio público.

De esta manera aparece una cuestión fundamental que muchas veces se pierde detrás de la discusión política: defender a los usuarios y preservar económicamente una empresa pública esencial para Mar del Plata no deberían ser objetivos incompatibles.

El problema de fondo es otro.

Una empresa de servicios públicos puede necesitar actualizar sus tarifas para afrontar inflación, salarios, mantenimiento, energía, insumos y nuevas obras. Pero esa necesidad económica no significa que puedan omitirse los procedimientos establecidos para modificar lo que finalmente deberán pagar los usuarios.

Precisamente eso es lo que terminó cuestionando la Justicia.

El caso también deja una enseñanza hacia adelante. Después de los primeros fallos adversos, OSSE comenzó a implementar instancias de audiencia pública para discutir modificaciones tarifarias, incorporando un mecanismo de participación que no había sido utilizado para aquel incremento del 142,7%.

Ahora la discusión continuará en los tribunales.

Para OSSE están en juego recursos económicos importantes y la forma en que podrá sostener sus servicios e inversiones. Para los usuarios está en juego la posibilidad de recuperar parte de lo que la Justicia consideró cobrado mediante un procedimiento ilegítimo.

Y para Mar del Plata queda planteada una discusión todavía más importante: las tarifas de los servicios públicos pueden necesitar actualizarse, pero las reglas para hacerlo también deben cumplirse.

La Suprema Corte bonaerense podría tener ahora la última palabra.