Playa Varese: 15 años más de concesión por $2.484 millones en obras, ¿qué gana Mar del Plata?

El gobierno municipal presentó un proyecto para extender hasta 2045 la explotación del complejo Bahía Varese, cuyo contrato vence en 2030. La propuesta contempla inversiones privadas en infraestructura y espacios públicos, pero supera en diez años la prórroga prevista originalmente. El Concejo Deliberante deberá evaluar si el acuerdo representa un beneficio suficiente para la ciudad.

Una playa emblemática y una decisión que puede durar décadas

Playa Varese es uno de los sectores costeros más reconocidos de Mar del Plata. Su ubicación, su atractivo turístico y su utilización durante todo el año la convierten en un espacio de interés tanto económico como público.

Ahora, el futuro de una parte de ese sector volvió a quedar en manos de la política municipal.

El Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto para extender por 15 años la concesión de la Unidad Turística Fiscal Varese-Cabo Corrientes, donde funciona el complejo Bahía Varese.

La empresa concesionaria, Salimar S.A., administra el sector desde 2004 y tiene un contrato cuyo vencimiento está previsto para el 28 de septiembre de 2030.

La propuesta permitiría prolongar su explotación hasta 2045.

A cambio, la firma se comprometería a realizar obras por un monto estimado de $2.484 millones.

La pregunta es sencilla, pero su respuesta requiere analizar bastante más que una cifra:

¿Es conveniente comprometer otros quince años de explotación a cambio de esas inversiones?

Qué propone el Municipio

El proyecto contempla una intervención arquitectónica y urbanística destinada a modernizar las instalaciones del balneario, mejorar su infraestructura e incorporar nuevos espacios de uso público accesible.

Según los fundamentos presentados, las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la aprobación del correspondiente legajo técnico.

El Ejecutivo sostiene que la ampliación contractual permitiría realizar inversiones importantes y compensar otras mejoras que la empresa habría efectuado por fuera de sus obligaciones originales.

Este último punto merece especial atención.

Si se pretende reconocer económicamente inversiones realizadas anteriormente, resulta necesario conocer cuáles fueron, cuánto costaron y por qué corresponde compensarlas mediante una extensión del contrato.

La documentación difundida hasta el momento no permite responder completamente esas preguntas.

El detalle que cambia la discusión: el contrato permitía cinco años

La concesión original contemplaba la posibilidad de una prórroga de cinco años, sujeta a determinadas condiciones.

Sin embargo, la iniciativa municipal propone una extensión de quince años.

Es decir, diez años adicionales respecto de la posibilidad prevista en las condiciones originales.

No se trata simplemente de activar una cláusula ya establecida.

La propuesta requiere modificar las condiciones contractuales mediante una decisión legislativa.

Y hay otro elemento importante: el contrato todavía tiene aproximadamente cuatro años de vigencia.

Por lo tanto, la discusión se está produciendo bastante antes de su vencimiento.

El Municipio puede argumentar que esa anticipación brinda previsibilidad para realizar inversiones de largo plazo.

Pero también corresponde preguntar si existe una necesidad concreta de resolver ahora una concesión que finalizará en 2030.

¿Por qué no realizar una nueva licitación?

Una de las principales cuestiones que deberán evaluar los concejales es si la extensión resulta más conveniente que convocar a un nuevo procedimiento competitivo.

La continuidad de una empresa que conoce el funcionamiento del balneario puede ofrecer ventajas operativas.

También puede facilitar la planificación de obras sin interrumpir la actividad turística.

Sin embargo, una licitación pública permite comparar propuestas económicas, proyectos arquitectónicos, cánones y compromisos de inversión entre diferentes interesados.

La discusión no debería plantearse como una confrontación automática entre inversión privada y patrimonio público.

Mar del Plata necesita inversiones y servicios turísticos de calidad.

Pero también necesita garantizar que los contratos sobre espacios de valor colectivo se otorguen bajo condiciones convenientes y transparentes.

La pregunta es si la oferta actual puede demostrarse como la alternativa más beneficiosa para la ciudad.

El canon: otro número que debe entrar en la cuenta

Según la información difundida sobre el expediente, la última actualización conocida del canon anual de la concesión alcanzó aproximadamente los $34 millones.

Ese dato debe considerarse junto con la inversión anunciada, las obligaciones de mantenimiento, las condiciones de explotación y los eventuales ingresos que podría obtener el Municipio.

No sería correcto comparar directamente el canon anual con los $2.484 millones sin considerar que corresponden a conceptos diferentes.

La inversión representa obras comprometidas; el canon es una contraprestación por la explotación del espacio.

Para evaluar el acuerdo resulta necesario conocer el valor económico total de la concesión durante los quince años adicionales.

También corresponde determinar si el canon se actualizará y qué mecanismos garantizarán que conserve su valor durante el período contractual.

Una concesión que se extiende hasta 2045 necesita reglas capaces de funcionar durante diferentes escenarios económicos.

Las obras prometidas y las garantías

El proyecto incorpora una previsión relevante: los mayores costos derivados de modificaciones en las obras quedarían a cargo de la empresa.

Según lo informado, esos gastos no podrían utilizarse posteriormente para solicitar nuevas prórrogas, reducciones del canon ni compensaciones adicionales.

Es una condición importante.

Sin embargo, para evaluar su efectividad también es necesario conocer qué ocurriría ante incumplimientos.

¿Qué garantías deberá presentar la concesionaria?

¿Habrá etapas de ejecución verificables?

¿Qué organismo controlará los trabajos?

¿Se aplicarán sanciones si las obras no se terminan dentro de los plazos establecidos?

Estas preguntas no implican presumir irregularidades.

Son parte de cualquier análisis responsable de un contrato público de larga duración.

Playa pública y explotación privada: el equilibrio necesario

Las concesiones balnearias forman parte de la actividad turística de Mar del Plata y generan servicios, inversiones y empleo.

Al mismo tiempo, se desarrollan en sectores costeros que tienen una función social y recreativa para residentes y visitantes.

Por eso, las mejoras prometidas deben analizarse también desde la perspectiva de quienes no contratan carpas ni servicios privados.

Si el proyecto incorpora espacios públicos accesibles, será importante precisar sus dimensiones, ubicación, características y condiciones de utilización.

La calidad de una intervención costera no debería medirse exclusivamente por las instalaciones comerciales que incorpora.

También debe considerarse cuánto mejora el espacio para toda la comunidad.

Una decisión que excede al gobierno actual

Si la prórroga se aprueba, sus efectos se extenderán hasta 2045.

Durante ese período cambiarán administraciones municipales, concejales y posiblemente las necesidades urbanísticas y turísticas de la ciudad.

Esa duración obliga a analizar el proyecto con una perspectiva que vaya más allá de la coyuntura política.

Una decisión de semejante alcance necesita fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que permitan explicar por qué se eligió esa alternativa.

El Concejo Deliberante tiene la oportunidad de examinar la propuesta, solicitar información complementaria y debatir sus condiciones antes de autorizar cualquier modificación.

Hasta el momento, lo confirmado es la presentación del proyecto. No debe confundirse esa iniciativa con una prórroga definitivamente aprobada.

La pregunta que deberían responder los concejales

Mar del Plata necesita inversiones que mejoren su infraestructura costera y fortalezcan su actividad turística.

Pero también necesita saber qué recibe a cambio de permitir que una empresa continúe explotando durante otros quince años un sector tan valioso de su frente marítimo.

Los $2.484 millones anunciados representan un compromiso económico importante, aunque la cifra por sí sola no demuestra la conveniencia del acuerdo.

Para determinarla hacen falta información detallada sobre las obras, mecanismos de control, condiciones económicas y una explicación de por qué la extensión anticipada resulta preferible a otras alternativas.

Porque el debate no consiste solamente en decidir quién administrará un balneario.

Consiste en determinar bajo qué condiciones se utilizará un espacio de interés público durante las próximas dos décadas.

Y cuando una decisión compromete el futuro de la ciudad, la transparencia no debería ser una exigencia de la oposición ni una concesión del oficialismo.

Debería ser una condición indispensable para aprobarla.