¿POR QUÉ LAS MALVINAS SON RECLAMADAS POR ARGENTINA? LA HISTORIA QUE EMPEZÓ MUCHO ANTES DE LA GUERRA DE 1982

Decir que “las Malvinas son argentinas” es sencillo. Explicar por qué Argentina sostiene ese reclamo requiere viajar más de dos siglos hacia atrás, mucho antes de la guerra de 1982, de la dictadura militar, del peronismo, del radicalismo, del kirchnerismo, del gobierno de Javier Milei e incluso de la existencia de la República Argentina con su actual organización.

La cuestión Malvinas no comenzó en 1982. Tampoco nació de una simple afirmación basada en que las islas se encuentran cerca del territorio continental argentino. El reclamo argentino se construye sobre una sucesión histórica que involucra a España, Francia y Gran Bretaña, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el ejercicio posterior de autoridad desde Buenos Aires y, finalmente, el desplazamiento de las autoridades argentinas por fuerzas británicas en 1833.

Para comprenderlo de la manera más sencilla posible debemos empezar cuando Argentina todavía no existía como Estado independiente.

Durante la época colonial, buena parte de Sudamérica estaba bajo dominio de la Corona española. En 1776 España creó el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Las Malvinas quedaron vinculadas a la administración española de esta región.

Antes de eso había ocurrido un episodio fundamental. En 1764, el francés Louis Antoine de Bougainville estableció un asentamiento en las islas denominado Port Louis. España reclamó ante Francia porque consideraba que el archipiélago pertenecía a sus dominios.

Francia terminó aceptando el reclamo español. Bougainville recibió una compensación por los gastos realizados para establecer la colonia y, en 1767, España tomó posesión del asentamiento, que pasó a conocerse como Puerto Soledad.

Este dato es importante porque demuestra que la discusión por la soberanía de las islas no apareció con Argentina ni comenzó en el siglo XX. Ya durante el siglo XVIII las potencias europeas discutían quién tenía derechos sobre aquel territorio.

Gran Bretaña también había establecido una presencia en otro sector del archipiélago, en Port Egmont. La situación generó un serio conflicto con España. Los españoles expulsaron a los británicos en 1770 y, después de una negociación que evitó una guerra entre ambas potencias, permitieron su regreso sin abandonar la reivindicación española de soberanía.

Los británicos finalmente dejaron Port Egmont en 1774.

España, en cambio, continuó administrando las Malvinas desde Puerto Soledad durante décadas, con autoridades dependientes de Buenos Aires. Esa presencia se mantuvo hasta 1811, cuando el proceso revolucionario iniciado en el Río de la Plata modificó completamente la situación política de la región.

Aquí aparece una de las claves del reclamo argentino.

Cuando las colonias españolas de América comenzaron sus procesos de independencia, los nuevos Estados sostuvieron como principio general que heredaban los territorios correspondientes a las antiguas divisiones coloniales españolas de las cuales surgían.

Este principio suele asociarse con el concepto jurídico conocido como uti possidetis juris.

Explicado de manera sencilla: cuando desaparece la autoridad colonial española y nace un nuevo Estado, ese Estado no considera que comienza sin territorio y que todas las tierras anteriormente administradas por España quedan disponibles para que otra potencia pueda apropiárselas.

Los nuevos países consideran que suceden territorialmente a la antigua administración colonial correspondiente.

Por eso Argentina sostiene que heredó de España los derechos sobre las Islas Malvinas.

Pero la historia argentina no termina en una supuesta herencia escrita sobre un mapa.

Las Provincias Unidas comenzaron posteriormente a realizar actos concretos relacionados con las islas.

El 6 de noviembre de 1820, el coronel de marina David Jewett tomó formalmente posesión de las Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La bandera fue izada y la decisión fue comunicada a embarcaciones que operaban en la zona.

Durante los años siguientes Buenos Aires dictó disposiciones relacionadas con la explotación de recursos, otorgó concesiones y buscó desarrollar un establecimiento permanente.

Entonces aparece uno de los personajes más conocidos de esta historia: Luis Vernet.

En 1829, el Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y territorios adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico y designó a Vernet como comandante.

Vernet desarrolló una colonia en Puerto Soledad en la que convivieron personas de diferentes procedencias.

Y es aquí donde aparece también uno de los personajes más extraordinarios de la historia argentina de Malvinas.

Antonio Rivero.

Conocido posteriormente como el Gaucho Rivero, era un trabajador rioplatense que permaneció en las islas después de la ocupación británica de 1833.

En agosto de ese mismo año, Rivero encabezó junto con otros hombres una rebelión en la que fueron asesinados cinco integrantes destacados del establecimiento de Puerto Soledad. Durante un período, los sublevados permanecieron en el interior de las islas hasta que los británicos recuperaron el control y Rivero terminó capturado.

La interpretación de aquel episodio sigue siendo objeto de discusión histórica. Una tradición argentina convirtió al Gaucho Rivero en símbolo de resistencia frente a la presencia británica, mientras otras investigaciones señalan que el levantamiento estuvo relacionado también con conflictos laborales, económicos y personales dentro de la colonia.

Precisamente por eso resulta importante no convertir la historia en una leyenda.

Lo que sí demuestra la existencia de Rivero, de Vernet y de todos los trabajadores que vivían allí es algo mucho más importante: antes de la consolidación británica existía una comunidad organizada bajo autoridades vinculadas a Buenos Aires.

Las Malvinas de 1833 no eran simplemente unas islas vacías esperando que alguien colocara una bandera.

Y entonces llegamos al acontecimiento central de toda la controversia.

El 3 de enero de 1833, el buque británico HMS Clio llegó a Puerto Soledad.

El comandante británico John James Onslow exigió que se retirara la bandera argentina y que las autoridades y fuerzas de Buenos Aires abandonaran las islas.

El comandante José María Pinedo se encontraba en una evidente inferioridad militar y terminó retirándose sin combatir.

Gran Bretaña desplazó de esa manera a la autoridad argentina existente en las islas.

Hay que realizar aquí una aclaración histórica importante.

No es correcto afirmar que los británicos expulsaron inmediatamente a todos los habitantes argentinos o rioplatenses de Malvinas. Parte de la población civil permaneció en las islas.

Lo que sí fue desplazado fue el ejercicio de la autoridad argentina.

Y esa diferencia es fundamental para comprender correctamente el reclamo.

Argentina protestó por lo ocurrido y nunca reconoció aquella ocupación como una transferencia legítima de soberanía.

A partir de allí Gran Bretaña consolidó progresivamente su administración sobre las islas. Con el paso de las décadas se desarrolló una población cada vez más estrechamente vinculada política, cultural e institucionalmente al Reino Unido.

Y casi dos siglos después aparece una de las preguntas más difíciles de toda la cuestión Malvinas.

Si los habitantes actuales quieren continuar siendo británicos, ¿por qué simplemente no pueden decidirlo?

Gran Bretaña sostiene precisamente que pueden hacerlo.

Londres considera que debe aplicarse el principio de autodeterminación de los pueblos y utiliza como demostración el referéndum realizado en las islas en 2013, cuando prácticamente la totalidad de quienes participaron eligieron continuar como territorio británico de ultramar.

Argentina sostiene otra interpretación.

Para comprenderla volvamos a 1833.

Desde la posición argentina, Gran Bretaña no llegó a liberar a una población sometida por Buenos Aires ni a acompañar a un pueblo originario de Malvinas que pretendiera independizarse.

Gran Bretaña desplazó a las autoridades de otro Estado que ejercían funciones sobre un territorio cuya soberanía ese Estado reivindicaba.

Después estableció y consolidó durante generaciones su propia administración y población.

Por eso Argentina sostiene que el principio de autodeterminación no puede utilizarse para permitir que una población desarrollada bajo la administración de la potencia ocupante termine resolviendo por sí misma la disputa territorial que existía previamente.

Un ejemplo doméstico puede ayudar a comprender el razonamiento, aunque naturalmente una propiedad privada y una disputa entre Estados no son jurídicamente lo mismo.

Imaginemos que una familia posee y administra una propiedad. Otra persona aparece, desplaza a quienes ejercen el control de esa propiedad y comienza a administrarla.

Pasan muchas generaciones.

Los descendientes de quienes viven allí nacen legítimamente en ese lugar, construyen sus hogares, forman familias y desarrollan una identidad propia.

Dos siglos después alguien les pregunta si quieren continuar vinculados con la persona o el Estado que administra el lugar.

Naturalmente podrían responder que sí.

Pero esa respuesta no necesariamente resuelve la pregunta anterior: ¿a quién correspondía jurídicamente el territorio cuando comenzó el conflicto?

Ese es uno de los puntos centrales de la posición argentina.

No significa que Argentina pretenda expulsar a los habitantes actuales de las Malvinas.

No significa quitarles sus casas.

No significa prohibirles hablar inglés.

No significa eliminar sus costumbres.

Y tampoco significa desconocer que después de numerosas generaciones poseen una identidad propia.

La propia Constitución Nacional argentina establece que la recuperación de la soberanía debe realizarse respetando el modo de vida de los habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional.

Argentina distingue entonces entre respetar los derechos, intereses y forma de vida de los isleños y otorgarles la capacidad de resolver unilateralmente una disputa de soberanía entre dos Estados.

Y aquí aparece Naciones Unidas.

En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065, uno de los documentos fundamentales de la cuestión Malvinas.

Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar para encontrar una solución pacífica.

Esto también debe explicarse correctamente.

La ONU no resolvió que las Malvinas pertenecen a Argentina.

Pero tampoco resolvió que pertenecen al Reino Unido.

Reconoció que existe una controversia de soberanía pendiente entre ambos países.

Y hay una expresión especialmente importante para la posición argentina: la resolución señala que deben tenerse en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

Argentina diferencia deliberadamente esos intereses de una autodeterminación capaz de decidir la soberanía territorial.

Esta es una de las razones por las cuales Buenos Aires considera que el referéndum de 2013 no terminó con la disputa.

Después aparece 1982.

Y aquí posiblemente encontremos una de las mayores confusiones instaladas alrededor de Malvinas.

El 2 de abril de 1982, la dictadura argentina encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri decidió recuperar militarmente las islas.

Gran Bretaña respondió enviando una fuerza militar y comenzó una guerra que terminó el 14 de junio con la rendición argentina.

Murieron 649 argentinos, 255 militares británicos y tres civiles isleños.

La decisión de una dictadura de recurrir a la guerra puede y debe ser analizada y cuestionada independientemente de la cuestión histórica de soberanía.

Porque Argentina no comenzó a reclamar Malvinas en 1982.

Para entonces llevaba aproximadamente un siglo y medio reclamándolas.

Galtieri no creó el reclamo argentino.

La derrota militar tampoco significó que Argentina renunciara jurídicamente a él.

Después de recuperar la democracia, todos los gobiernos argentinos continuaron sosteniendo la reivindicación por medios pacíficos y diplomáticos.

En 1994 la cuestión quedó expresamente incorporada a la Constitución Nacional.

La disposición transitoria primera establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por considerarlos parte integrante del territorio nacional.

También establece que recuperar esos territorios y ejercer plenamente la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Pero inmediatamente incorpora algo igualmente importante: ese objetivo debe perseguirse respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional.

Por eso Malvinas no debería convertirse en propiedad política de ningún partido.

No es una causa de Milei.

No es una causa del peronismo.

No es una causa de la izquierda ni de la derecha.

Tampoco pertenece a los militares.

Mucho menos a la dictadura de 1976.

La discusión es muchísimo más antigua.

Para Argentina existe una continuidad histórica: España ejerció soberanía y administración sobre las islas; las Provincias Unidas sostuvieron que heredaron esos derechos después de la independencia; Buenos Aires realizó actos concretos de autoridad; existió una población y una administración argentina; Gran Bretaña desplazó esa autoridad en 1833; Argentina protestó y mantuvo desde entonces su reclamo.

El Reino Unido cuestiona esa interpretación histórica y jurídica y sostiene sus propios títulos de soberanía, además del derecho de autodeterminación de los isleños.

Precisamente por existir posiciones contrapuestas continúa existiendo una disputa.

Pero hay algo que resulta difícil sostener seriamente después de recorrer la historia completa: que el problema comenzó en 1982 o que Argentina simplemente decidió algún día reclamar unas islas porque estaban cerca.

Malvinas tiene detrás más de dos siglos de diplomacia, ocupaciones, administraciones, protestas, documentos y controversias jurídicas.

Por eso comprender 1767, 1820, 1829 y especialmente 1833 resulta indispensable para comprender 1982, 2013 o las discusiones actuales.

Podemos discutir cómo recuperar el ejercicio de soberanía.

Podemos discutir qué estrategia diplomática resulta más inteligente.

Podemos discutir los errores cometidos por gobiernos argentinos durante décadas.

Lo que no deberíamos hacer es discutir Malvinas sin conocer su historia.

Porque antes de los pozos petroleros, antes de las bases militares, antes del referéndum, antes de la guerra y mucho antes de los políticos actuales, ya existía una controversia sobre quién tenía derecho a gobernar aquellas islas.

Y esa controversia nunca fue resuelta.