“¿QUIÉN GOBIERNA HOY MAR DEL PLATA?”: EMPRESARIOS RECLAMAN SEGURIDAD, TRANSPARENCIA Y DEFINICIONES AL PODER MUNICIPAL

Una fuerte carta firmada por referentes empresariales de Mar del Plata volvió a poner bajo la lupa la conducción política de la ciudad. El documento plantea reclamos por inseguridad, venta ambulante, patrimonio, concesiones y transparencia, pero contiene una pregunta que termina atravesando todos los demás temas: ¿quién gobierna actualmente Mar del Plata?

El planteo surge en un escenario político particular. Agustín Neme se encuentra ejerciendo como intendente interino mientras Guillermo Montenegro permanece en uso de licencia tras asumir como senador provincial. Para los firmantes, esa situación necesita una definición mucho más clara respecto de quién toma efectivamente las decisiones del Municipio.

La carta fue impulsada en el ámbito de la UCIP y lleva las firmas de importantes referentes de distintos sectores económicos de la ciudad. Entre ellos aparecen Florencio Aldrey Iglesias, Raúl Olmos, Marcos Cabrales, Miguel Martínez Allué, Marcelo Cardellino, Antonio Solimeno, Patricio Gerbi, Claudia Álvarez Argüelles, Jorge Pérez, Daniel Gaudio y José Brandinelli, entre otros.

Los empresarios buscaron dejar en claro que su planteo no pretende presentarse como un posicionamiento partidario. El eje, sostienen, pasa por problemas concretos de Mar del Plata que necesitan respuestas independientemente del espacio político que tenga la responsabilidad de gobernar.

La seguridad ocupa un lugar central. El crecimiento de los hechos violentos y delictivos volvió a generar preocupación entre comerciantes, empresarios y vecinos, especialmente después de una sucesión de homicidios, entraderas, robos a comercios y ataques que colocaron nuevamente a la inseguridad en el centro de la agenda local.

El reclamo empresarial apunta también contra una discusión que se repite cada vez que aumenta la preocupación por el delito: quién tiene la responsabilidad. Provincia administra la Policía Bonaerense, el Municipio cuenta con herramientas preventivas y de monitoreo y Nación interviene en determinadas competencias federales. Para quienes firmaron la carta, esa distribución no debería convertirse en una excusa permanente entre jurisdicciones.

La discusión resulta especialmente significativa después de los cambios producidos durante las últimas semanas en la estructura policial marplatense. La Provincia modificó la conducción de la Superintendencia Región Atlántica II y este miércoles también reemplazó al jefe de la Policía Departamental, Cristian Fontana, por el comisario mayor Valerio Gallo.

Pero la carta empresarial va bastante más allá de la inseguridad.

Uno de sus puntos más fuertes está relacionado con el patrimonio de Mar del Plata. Los firmantes advierten sobre la utilización de excepciones urbanísticas para autorizar construcciones que normalmente no estarían permitidas y reclaman preservar edificios, espacios públicos, naturaleza y paisaje costero.

El planteo pone sobre la mesa una discusión histórica de Mar del Plata: hasta dónde debe avanzar el desarrollo inmobiliario y dónde deben establecerse los límites para evitar que ese crecimiento termine modificando definitivamente la identidad de la ciudad.

También aparecen cuestionamientos sobre licitaciones y concesiones de bienes públicos. Entre los casos que generan preocupación se mencionan el estadio José María Minella y las discusiones alrededor del futuro de la Plaza del Agua.

El pedido en este punto es concreto: transparencia, reglas claras, antecedentes comprobables de quienes reciben concesiones, garantías suficientes y planes de inversión que puedan ser controlados.

No se cuestiona necesariamente la participación del sector privado. Lo que se reclama es que cuando un patrimonio perteneciente a todos los marplatenses queda bajo explotación privada exista claridad respecto de quién lo recibe, qué deberá hacer, cuánto deberá invertir y qué mecanismos tendrá el Municipio para controlar el cumplimiento.

La venta ambulante constituye otro de los ejes del documento. Los empresarios reconocen la complicada situación económica de muchas personas que encuentran en esa actividad una forma de subsistencia, pero cuestionan la desigualdad que se genera frente al comerciante que paga alquiler, habilitación, impuestos, servicios y empleados para funcionar dentro de la legalidad.

Es una discusión difícil porque combina dos realidades igualmente concretas: familias que necesitan generar ingresos y comerciantes formales que reclaman competir bajo las mismas reglas.

Pero el punto políticamente más fuerte de la carta aparece cuando los empresarios cuestionan directamente la conducción municipal.

Con Neme ejerciendo interinamente la Intendencia y Montenegro en uso de licencia, los firmantes quieren saber quién tiene actualmente la última palabra sobre las decisiones importantes de General Pueyrredon.

Si Neme es quien gobierna, plantean que debe hacerlo con autoridad y autonomía. Si Montenegro continúa manteniendo influencia directa sobre las principales decisiones municipales pese a encontrarse en uso de licencia, consideran que esa situación debería quedar claramente establecida.

El cuestionamiento adquiere mayor peso después de que Montenegro volviera a aparecer públicamente junto a Neme y empresarios durante la inauguración de un centro logístico en el Puerto.

No existe impedimento para que un dirigente político participe de actividades públicas. La discusión planteada es diferente: cuál es actualmente su papel dentro de una administración municipal cuya conducción formal está en manos de un intendente interino.

Detrás de la pregunta “¿quién gobierna Mar del Plata?” existe entonces una discusión institucional mucho más importante que una pelea entre nombres.

Una ciudad de la dimensión de Mar del Plata necesita que ciudadanos, comerciantes, inversores y organizaciones sepan dónde se toman las decisiones y quién responde políticamente por ellas.

Porque la responsabilidad no puede quedar repartida cuando aparece un problema y concentrarse solamente cuando llega el momento de anunciar una obra o mostrar un resultado.

Seguridad, patrimonio, desarrollo urbano, concesiones, comercio y transparencia son cuestiones diferentes, pero todas terminan dependiendo de una misma condición: un Estado con capacidad para decidir, controlar y hacerse responsable de sus decisiones.

La carta empresarial constituye una señal poco habitual por la cantidad y el peso de quienes decidieron firmarla. No significa necesariamente que todos compartan exactamente la misma mirada política ni que sus intereses sean idénticos. Pero muestra que una parte importante del sector económico local considera que existen problemas que necesitan respuestas.

Y posiblemente el interrogante más incómodo sea también el más sencillo.

Mar del Plata tiene autoridades formalmente establecidas. Lo que los empresarios están preguntando es otra cosa: ¿dónde está hoy el poder real de decisión y quién se hace responsable por lo que ocurre en la ciudad?

La respuesta ya no debería interesarle solamente al sector empresario. También debería poder conocerla cualquier vecino.