¿Se viene otro aumento de luz en Buenos Aires? El 39% que aparece en una investigación y las preguntas que deberán responder antes de 2027

Una investigación periodística reveló que un documento de la Provincia de Buenos Aires plantea una diferencia tarifaria cercana al 40%. El dato reabre el debate sobre el costo de la electricidad, las ganancias y obligaciones de las distribuidoras y el impacto sobre las familias. Mientras se preparan los presupuestos y las elecciones de 2027, la pregunta es cuánto podría aumentar el servicio y quién deberá afrontar ese costo.

Un número que preocupa: 39%

La posibilidad de nuevos aumentos en las tarifas eléctricas volvió a instalarse en la agenda bonaerense.

El 1 de noviembre, una investigación de Horacio Verbitsky publicada en El Cohete a la Luna dio a conocer la existencia de un documento de la Dirección Provincial de Política Energética y Tarifaria, fechado el 23 de septiembre de 2026, que plantea una diferencia del 39% entre los valores actuales y los considerados necesarios para la remuneración de las distribuidoras.

La cifra es importante, pero requiere una aclaración: no significa que ya exista un aumento del 39% aprobado para las próximas facturas.

El documento, según la investigación, podría convertirse en una referencia para las negociaciones tarifarias con las empresas. No se ha confirmado una resolución que establezca semejante incremento sobre el importe final que pagan los usuarios.

La distinción es fundamental para evitar confundir una evaluación técnica con una decisión administrativa.

¿A quiénes podría afectar?

El debate involucra a cuatro importantes distribuidoras de la provincia:

• EDEA: presta servicio en Mar del Plata, la Costa Atlántica y otras localidades bonaerenses.

• EDELAP: abastece a La Plata y zonas cercanas.

• EDEN: opera en localidades del norte y centro provincial.

• EDES: presta servicio en Bahía Blanca y el sur bonaerense.

Las cuatro pertenecen al grupo empresario DESA.

En conjunto, representan una parte significativa de la distribución eléctrica provincial, aunque también existen cooperativas y otras prestadoras con regímenes particulares.

Para Mar del Plata, el tema tiene especial relevancia porque cualquier modificación de los cuadros tarifarios de EDEA puede trasladarse a los hogares, comercios y actividades productivas de la ciudad.

¿Por qué se habla de un aumento cercano al 40%?

La investigación periodística sostiene que el Gobierno bonaerense continúa utilizando un mecanismo de actualización tarifaria vinculado con criterios establecidos durante la administración de María Eugenia Vidal.

Según el documento citado, las actualizaciones realizadas durante los últimos años habrían reducido una brecha importante entre los ingresos reconocidos a las distribuidoras y los valores resultantes de ese esquema.

El 39% sería la diferencia pendiente en esa comparación.

Sin embargo, existe una cuestión técnica decisiva: la factura eléctrica está integrada por distintos conceptos.

No todo lo que paga el usuario corresponde a ingresos de la distribuidora.

Por eso, un incremento del 39% en uno de los componentes no necesariamente significa un aumento idéntico en el importe total.

Para conocer el impacto real será necesario disponer de los nuevos cuadros tarifarios, si finalmente se aprueban, y comparar facturas con el mismo consumo y la misma categoría de usuario.

La factura eléctrica no es solamente el precio de la energía

Cuando una familia recibe la factura, paga distintos conceptos que pueden variar de manera independiente.

Entre ellos se encuentran:

La energía eléctrica: corresponde al costo de generación y adquisición de la electricidad.

El transporte: comprende los costos asociados al traslado de la energía a través de las redes.

La distribución: incluye la operación, el mantenimiento y las inversiones de la empresa encargada de llevar la electricidad hasta los usuarios.

Los impuestos y otros cargos aplicables: dependen de la normativa y la jurisdicción correspondiente.

Además, los subsidios pueden modificar el importe final según la situación del usuario y el régimen vigente.

Esto significa que las decisiones nacionales y provinciales pueden coincidir en una misma factura.

Una modificación en el precio mayorista, un cambio de subsidios y una actualización de distribución pueden producir efectos acumulativos, aunque respondan a autoridades diferentes.

Los aumentos anteriores ya llegaron a la Justicia

El conflicto tarifario bonaerense no comenzó con la investigación del 39%.

Durante 2026, el Ministerio de Infraestructura provincial aprobó modificaciones mediante la Resolución 585/2026, posteriormente reemplazada por la Resolución 682/2026.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, impulsó una presentación judicial contra las actualizaciones.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Bahía Blanca dictó una medida cautelar que suspendió los aumentos cuestionados.

Uno de los argumentos centrales fue la falta de audiencias públicas previas.

La Provincia y las distribuidoras recurrieron esa decisión. Posteriormente, intervino la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata y los incrementos recuperaron vigencia.

Sin embargo, la controversia sobre el procedimiento y la participación de los usuarios no debe confundirse con una resolución definitiva sobre todas las cuestiones de fondo.

El episodio plantea un interrogante que trasciende el porcentaje de aumento: ¿qué mecanismos de información y participación deben garantizarse antes de modificar las tarifas?

¿Qué puede pasar con una factura de $50.000?

Para comprender la dimensión de una eventual suba, puede realizarse una simulación.

Si una factura completa aumentara un 39%, los resultados serían los siguientes:

Estos valores son exclusivamente ilustrativos. No representan aumentos aprobados ni proyecciones oficiales.

El resultado real dependerá de los componentes alcanzados, el consumo, la categoría tarifaria, los subsidios y las disposiciones que eventualmente se dicten.

No obstante, la simulación permite comprender por qué una diferencia de semejante magnitud merece una explicación pública detallada.

El debate también involucra a las empresas

Las distribuidoras argumentan que necesitan ingresos suficientes para operar las redes, afrontar costos y garantizar la continuidad del suministro.

El planteo no puede evaluarse únicamente desde el precio de la factura.

También resulta necesario conocer las inversiones realizadas, los compromisos pendientes, la calidad del servicio, la frecuencia de interrupciones y los mecanismos de control.

Un incremento tarifario puede tener justificaciones técnicas y económicas, pero los usuarios tienen derecho a conocer qué costos pretende cubrir y qué obligaciones asumen las empresas.

En este contexto también aparece la discusión nacional sobre las deudas acumuladas por distintas distribuidoras con CAMMESA, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista.

La investigación de El Cohete a la Luna menciona una iniciativa legislativa vinculada con deudas del sector y señala que distintas empresas acumularon importantes obligaciones.

Se trata de una discusión diferente de la actualización tarifaria provincial, aunque ambas forman parte del problema más amplio del financiamiento del sistema eléctrico.

Presupuesto 2027: la electricidad también entra en la discusión política

El debate se produce cuando los gobiernos nacional, provincial y municipales comienzan a definir sus prioridades económicas para 2027.

Los presupuestos públicos establecen previsiones de ingresos y gastos, pero no todos los recursos de las tarifas eléctricas ingresan a las cuentas del Estado.

Una parte importante de lo que pagan los usuarios se destina a empresas prestadoras, al mercado eléctrico y a los conceptos tributarios correspondientes.

Por eso, sería incorrecto afirmar que un aumento tarifario del 39% significaría automáticamente un ingreso equivalente para el Gobierno bonaerense.

Lo que sí puede afirmarse es que las decisiones sobre tarifas, subsidios e impuestos afectan tanto la economía de las familias como las políticas públicas y las necesidades financieras del sector energético.

Y esas decisiones adquieren una dimensión política adicional en la antesala de un año electoral.

¿Las elecciones pueden influir en las decisiones tarifarias?

Argentina llegará a 2027 con una nueva disputa electoral nacional y provincial.

El gobernador Axel Kicillof participa de las discusiones políticas del peronismo, mientras Javier Milei busca sostener su programa económico y consolidar su presencia territorial.

En ese escenario, los aumentos de servicios públicos pueden convertirse en temas de debate electoral.

Para cualquier administración, el calendario plantea decisiones complejas.

Postergar actualizaciones puede reducir el impacto inmediato sobre los usuarios, pero también puede aumentar las necesidades futuras de financiamiento si los costos del servicio continúan creciendo.

Aplicarlas puede mejorar los ingresos reconocidos a las prestadoras, pero también afectar los presupuestos familiares y comerciales.

No obstante, la proximidad de las elecciones no demuestra por sí misma que un aumento tenga como finalidad financiar una campaña política.

Para sostener una afirmación de ese tipo harían falta pruebas documentales que vinculen recursos, decisiones administrativas y financiamiento electoral.

La cuestión verificable es otra: las autoridades deberán explicar cómo compatibilizarán las necesidades del sistema eléctrico con la capacidad de pago de los usuarios.

Mar del Plata: una discusión que también alcanza a comercios y actividades productivas

El costo eléctrico tiene consecuencias que van más allá de los hogares.

En Mar del Plata, la actividad comercial, gastronómica, hotelera, industrial y turística depende de la electricidad para desarrollar sus operaciones.

Un aumento puede modificar costos de refrigeración, iluminación, producción y funcionamiento.

La incidencia será diferente según el consumo, la actividad y el cuadro tarifario correspondiente.

En algunos sectores, los mayores costos podrían trasladarse parcialmente a los precios. En otros, podrían reducir márgenes o exigir modificaciones operativas.

Por eso, antes de evaluar el efecto económico de una eventual actualización, será necesario conocer qué categorías de usuarios resultarían alcanzadas y con qué porcentajes.

Qué deberían mirar los usuarios durante los próximos meses

La posibilidad de nuevos ajustes obliga a prestar atención a las decisiones oficiales.

Los puntos más importantes son:

1. Nuevas resoluciones provinciales: determinarán si se modifican los cuadros tarifarios de EDEA, EDELAP, EDEN y EDES.

2. Publicaciones de OCEBA: permitirán consultar los valores aplicables y las condiciones del servicio.

3. Cambios nacionales en energía y subsidios: pueden alterar la factura aunque la distribución provincial no cambie.

4. Decisiones judiciales: el conflicto por las actualizaciones de 2026 podría generar nuevas resoluciones relevantes.

5. Información sobre inversiones y calidad del servicio: permitirá evaluar qué compromisos acompañan los ingresos reconocidos a las empresas.

También conviene conservar facturas anteriores y comparar el consumo en kilovatios hora, no solamente el importe total. Una factura más elevada puede responder a una modificación tarifaria, a un aumento del consumo o a ambos factores.

Lo que todavía falta saber

El dato del 39% abrió una discusión importante, pero quedan preguntas pendientes.

¿La Provincia utilizará efectivamente esa brecha para definir una nueva actualización?

¿Se aplicaría de una sola vez o mediante incrementos sucesivos?

¿Qué parte de la factura estaría alcanzada?

¿Existirían diferencias entre usuarios residenciales, comercios e industrias?

¿Qué inversiones deberían realizar las distribuidoras como contrapartida?

¿Se convocará a mecanismos de participación pública antes de una nueva decisión?

Hasta que las autoridades respondan y publiquen las disposiciones correspondientes, no existe fundamento suficiente para anunciar que todas las facturas bonaerenses aumentarán un 39%.

Una discusión que merece transparencia

La electricidad es un servicio esencial para la vida cotidiana y la actividad económica.

Las empresas necesitan recursos para sostener sus operaciones. El Estado tiene responsabilidades regulatorias y de control. Y los usuarios necesitan información clara para comprender cuánto pagan, por qué pagan ese importe y qué servicio deben recibir.

En vísperas de 2027, el debate sobre las tarifas puede adquirir una fuerte dimensión política.

Pero más allá de las diferencias entre oficialismo y oposición, la cuestión central sigue siendo la misma: determinar qué costos son necesarios, quién debe afrontarlos y bajo qué condiciones.

La cifra cercana al 40% todavía no es un aumento confirmado. Es una señal que obliga a seguir de cerca las próximas decisiones.

Para los bonaerenses, especialmente quienes dependen de distribuidoras provinciales como EDEA, la información oficial que se publique durante los próximos meses será determinante para conocer el verdadero impacto sobre sus facturas.