VTV bonaerense: millones en juego, controles cuestionados y una pregunta que la Provincia debe responder: ¿adónde va el dinero?

La Verificación Técnica Vehicular cuesta desde octubre más de 114.000 pesos para un automóvil particular. Mientras los conductores deben cumplir con una revisión obligatoria, documentos oficiales revelan cómo se distribuye la facturación entre concesionarias y Estado. Una auditoría también expuso debilidades en los mecanismos para comprobar las verificaciones declaradas. ¿Cuánto recauda realmente el sistema y qué recibe la sociedad a cambio?

Una obligación que cada vez cuesta más

Para miles de familias bonaerenses, mantener un automóvil dejó de ser únicamente una cuestión de combustible, patente, seguro y mantenimiento.

A esos gastos se suma la Verificación Técnica Vehicular, un trámite obligatorio destinado a comprobar que los vehículos reúnen las condiciones técnicas necesarias para circular.

Desde el 15 de octubre de 2026, la tarifa básica para automóviles de hasta 2.500 kilogramos pasó de $97.057,65 a $114.105,99.

El incremento fue del 17,56%, autorizado mediante la Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte bonaerense.

La suba representa $17.048,34 adicionales por cada verificación de esa categoría.

Pero detrás del aumento aparece una pregunta que merece una explicación pública: ¿cómo se distribuye el dinero que pagan los usuarios y cuánto recibe efectivamente el Estado provincial?

¿Quién se queda con el dinero de la VTV?

La VTV bonaerense funciona mediante un sistema de concesiones.

Esto significa que empresas privadas autorizadas realizan las inspecciones y cobran las tarifas fijadas por el Estado.

A cambio de explotar el servicio, las concesionarias deben pagar un canon a la Provincia.

Ese canon no equivale a la totalidad del precio abonado por el automovilista.

La documentación contractual establece que se calcula sobre la facturación correspondiente al servicio, con las exclusiones impositivas previstas.

En consecuencia, el dinero abonado por cada usuario se distribuye entre diferentes conceptos: impuestos, ingresos de las concesionarias y el canon que corresponde al Estado provincial.

La existencia de ese mecanismo está documentada. Lo que requiere mayor transparencia pública es conocer los importes efectivamente facturados, liquidados y depositados por cada empresa.

Un dato que merece atención: los porcentajes de canon

En la licitación del sistema se registraron ofertas económicas con diferentes porcentajes de canon según la zona de explotación.

La documentación oficial de apertura de ofertas de 2023 incluye propuestas que iban aproximadamente del 5% al 16%.

Esos porcentajes corresponden a ofertas de aquella licitación y no deben confundirse automáticamente con los importes efectivamente cobrados bajo todos los contratos vigentes.

Sin embargo, permiten comprender que la mayor parte de la tarifa no constituye un ingreso directo para el Tesoro provincial.

Por eso resulta fundamental publicar los contratos adjudicados, sus modificaciones y las liquidaciones mensuales correspondientes.

La auditoría que plantea interrogantes sobre los controles

Uno de los elementos más relevantes surge de documentación vinculada con el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

En actuaciones de auditoría sobre la VTV se señalaron dificultades para verificar la información presentada por las concesionarias.

Según el documento, funcionarios del Ministerio de Transporte informaron que no contaban con herramientas adecuadas para comprobar que las declaraciones juradas mensuales de las empresas reflejaran la cantidad real de verificaciones y reverificaciones realizadas.

También se mencionó el desarrollo de un nuevo sistema informático para mejorar los controles.

La observación resulta especialmente importante porque el canon provincial depende de la facturación del servicio.

Si el Estado necesita conocer cuántos vehículos fueron inspeccionados para controlar los ingresos declarados, la confiabilidad de esos registros constituye una condición esencial.

La auditoría no demuestra que existieran maniobras fraudulentas ni desvíos de fondos.

Pero sí documenta una debilidad administrativa que justifica exigir explicaciones sobre las medidas correctivas implementadas y sus resultados.

¿Cuánto dinero puede mover la VTV?

El precio de una verificación permite dimensionar el volumen económico potencial.

Tomando como referencia la tarifa vigente de $114.105,99 para automóviles particulares, puede elaborarse una simulación:

• 100.000 verificaciones representarían aproximadamente $11.410 millones de facturación bruta.

• 500.000 verificaciones representarían aproximadamente $57.053 millones.

• Un millón de verificaciones representarían aproximadamente $114.106 millones.

Estas cifras son ejemplos matemáticos, no datos de recaudación real.

Además, no todos los vehículos pagan la misma tarifa, existen exenciones y bonificaciones, y el monto bruto incluye impuestos.

Para determinar cuánto dinero moviliza efectivamente el sistema es indispensable conocer la cantidad real de inspecciones por categoría, planta, empresa y período.

Sin esa información no resulta responsable presentar una cifra global como si estuviera comprobada.

¿Y las calles y rutas que siguen deterioradas?

Aquí aparece una de las mayores contradicciones que perciben muchos conductores.

Mientras deben demostrar que sus automóviles tienen neumáticos, frenos, suspensión y demás componentes en condiciones, también circulan por calles y rutas donde pueden encontrar baches, deformaciones, señalización deficiente y otros problemas de infraestructura.

La situación plantea una discusión legítima sobre las responsabilidades del Estado.

Un vehículo técnicamente apto no elimina los riesgos que puede representar una calzada deteriorada.

Sin embargo, hay una diferencia que debe quedar clara: la VTV no constituye un impuesto específicamente destinado a financiar obras viales.

Su finalidad principal es controlar las condiciones técnicas de los vehículos.

Por eso no corresponde afirmar que cada peso cobrado por la VTV debería haberse transformado directamente en asfalto.

La pregunta correcta es otra: ¿qué destino presupuestario tiene el canon que percibe la Provincia y qué resultados concretos produce el sistema en materia de seguridad vial?

¿La VTV mejora realmente la seguridad?

El objetivo de detectar fallas mecánicas es razonable desde el punto de vista preventivo.

Pero una política pública obligatoria también debería poder demostrar sus resultados.

Entre los indicadores que permitirían evaluar su eficacia aparecen la cantidad de vehículos inspeccionados, las fallas detectadas, los rechazos, las reparaciones posteriores y la evolución de los siniestros vinculados con desperfectos mecánicos.

Esos datos deberían analizarse junto con otros factores determinantes de la seguridad vial, como el estado de las rutas, la conducta de los conductores y las condiciones de circulación.

No basta con recaudar ni con entregar una oblea.

Una política pública debe poder explicar cuánto cuesta, qué controla y qué resultados obtiene.

¿Por qué aumenta la tarifa?

La Resolución 361/2026 explica que la tarifa básica se encuentra vinculada al salario de los trabajadores del sector.

El pliego establece como referencia el 7% del salario básico de un operario de categoría 1, conforme al convenio colectivo aplicable.

El aumento previsto para julio había sido postergado durante 90 días y comenzó a aplicarse el 15 de octubre.

Este mecanismo permite comprender la fórmula utilizada para actualizar el precio.

Pero también abre una discusión sobre la capacidad económica de los usuarios.

Un jubilado, un trabajador independiente o una familia que utiliza su automóvil para trabajar pueden enfrentar dificultades para afrontar una obligación cuyo costo supera los cien mil pesos, incluso antes de considerar las reparaciones que pudiera necesitar el vehículo.

Existen exenciones y beneficios para determinados grupos, aunque no todos los conductores están comprendidos en ellos.

Las preguntas que el Ministerio de Transporte debería responder

La información disponible permite formular una serie de preguntas concretas:

1. ¿Cuántas verificaciones y reverificaciones se realizaron durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026?

2. ¿Cuál fue la facturación bruta y neta de cada concesionaria?

3. ¿Cuánto dinero ingresó efectivamente a la Provincia en concepto de canon?

4. ¿Qué porcentaje contractual corresponde a cada zona y empresa?

5. ¿En qué partidas presupuestarias se registraron esos ingresos?

6. ¿Cuál fue el destino final de los recursos provinciales provenientes del canon?

7. ¿Se corrigieron las debilidades de control señaladas en las actuaciones de auditoría?

8. ¿Qué sistema permite contrastar actualmente las verificaciones realizadas con la facturación declarada?

9. ¿Cuánto cuesta fiscalizar las plantas y supervisar a las concesionarias?

10. ¿Qué indicadores demuestran el impacto real de la VTV sobre la seguridad vial?

No se trata de preguntas partidarias.

Se trata de información necesaria para evaluar un servicio público obligatorio.

¿Quién debe rendir cuentas?

El Ministerio de Transporte bonaerense es un actor central porque interviene en la regulación y fiscalización del sistema.

Las concesionarias deben cumplir sus obligaciones contractuales y presentar la información correspondiente.

El Tribunal de Cuentas tiene funciones de control sobre la administración provincial.

Y la Legislatura puede solicitar informes y examinar el funcionamiento de políticas públicas que afectan a millones de ciudadanos.

El acceso a la información pública constituye otra herramienta para que periodistas y vecinos puedan conocer la administración de los recursos.

La pregunta que queda pendiente: ¿adónde fue el dinero?

La VTV se presenta como una herramienta de prevención y seguridad.

Su utilidad debe evaluarse a partir de resultados verificables, controles eficaces y una administración transparente.

Lo que está documentado es que los usuarios pagan una tarifa regulada, las concesionarias explotan el servicio y deben abonar un canon provincial.

También existen observaciones de auditoría que justifican revisar la confiabilidad de los mecanismos utilizados para controlar las declaraciones de las empresas.

Lo que todavía necesita una respuesta documentada es el monto total efectivamente ingresado al Estado y su destino presupuestario detallado.

Cuando el ciudadano está obligado a pagar, el Estado también tiene la obligación de explicar.

Porque la pregunta no es solamente cuánto cuesta la VTV.

La verdadera pregunta es cuánto dinero mueve, quién lo recibe, cómo se controla y qué obtiene la sociedad a cambio.

Y hasta que esas cifras sean accesibles y verificables, el interrogante seguirá abierto:

¿ADÓNDE FUE EL DINERO DE LA VTV BONAERENSE?

Nota editorial: las observaciones de auditoría y los datos de las licitaciones no constituyen por sí mismos prueba de delitos ni permiten determinar un faltante de fondos. La investigación distingue entre información documentada, cálculos ilustrativos y preguntas pendientes de respuesta.